jueves 15 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Las reuniones políticas

La única forma de prohibirlo sería estableciéndolo en el reglamento o creando normas administrativas
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Columna de
Ramiro Serrano

Se dice que una reunión política es “un acto social por el cual se agrupa, asocia, aglutina, acopla o acumula un grupo de individuos, ya sea de forma espontánea u organizada con el fin de dirimir ideología, conceptos, criterios que favorecerá a un grupo determinado”.

En estas contiendas preelectorales empiezan a utilizar los salones sociales para realizar dichas actividades, que por lo general generan molestias a los demás copropietarios que residen en los Edificios o Conjuntos. ¿Pero qué tan legal es prohibir este tipo de reuniones políticas en los salones sociales de la copropiedad? La verdad es que al ser una actividad social no podría cohibirse a menos que en los reglamentos de propiedad horizontal se restrinja el uso de estas áreas para dichas actividades, ya que estaríamos limitando su uso y la única forma de hacerlo sería con una reforma de reglamento que requeriría ser aprobada con el 70% de los coeficientes de la copropiedad a la luz del artículo 46 numeral 1 y 5 de la Ley 675/01.

Lo que sí está en obligación de los órganos de administración es crear normas administrativas, como: establecer por seguridad de la copropiedad que se presente en forma anticipada una lista de los asistentes a la reunión, restringir a los participantes el ingreso a otras áreas comunes, exigir que tanto el volumen de los equipos como las arengas las realicen en forma moderada que no afecte los intereses a la tranquilidad de los demás copropietarios, como exigir normas de seguridad para la protección de los bienes comunes y privados de la copropiedad.

Aunque muchos no somos partidarios de que se realicen este tipo de eventos en nuestras copropiedades no podemos olvidar que esto es una actividad social que se asemeja al festejo de un cumpleaños o un matrimonio. La única forma de prohibirlo sería estableciéndolo en el reglamento o creando normas administrativas que desestimulen el uso por parte de foráneos de los salones sociales de nuestras copropiedades. No podemos entrar a exigir derechos inexistentes, sobre el derecho que tienen los copropietarios al uso de sus zonas comunes.

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