jueves 25 de febrero de 2010 - 10:00 AM

Ley de insolvencia para las personas naturales

Recuerdo a mi padre cuando en vida me decía: Lo más importante es la palabra y que para cumplir con ella, se debía uno medir a lo que se comprometía. Después, entre a la Facultad de Derecho y mis maestros me enseñaron que lo más importante era el contrato y que si no estaba escrito no podía después alegarse. Hoy me encuentro ante la Ley 1380 de 2.010, que nace a la vida jurídica para crear un procedimiento legal para que las personas naturales no comerciantes se insolventen.

Esta normatividad que nació a la vida jurídica el 25 de enero de 2.010, tiene por objeto permitirle al deudor, persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal que mediante un trámite de conciliación en derecho realice un acuerdo con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes sin importar su naturaleza, salvo las originadas en obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. De la misma manera, los procesos correspondientes a servicios públicos, de restitución de inmueble arrendado, como los de pago de expensas comunes en la copropiedad quedarán suspendidos y su incumplimiento puede llevar a la nulidad del proceso ante el juez competente. Estas acciones podrán realizarse cuando las deudas superen el 50% de su patrimonio y que sean más de dos las obligaciones incumplidas, llegándose a establecer una responsabilidad penal en caso de falsedad documental o ideológica dentro del proceso.

Esta invención legislativa ha sido creada exclusivamente para favorecer a personas naturales, perjudica directamente a aquellas que con su trabajo y su proyección ordenada han desarrollado su actividad comercial para no quitarle un peso a nadie. Afecta al sector inmobiliario y de propiedad horizontal, porque suspende los procesos que por dichas obligaciones se causen, teniendo que seguir prestando los servicios contratados. También a los acreedores microempresarios que tendrán que esperar su pago para poder recuperar la base económica de su trabajo.

Aunque falta su reglamentación, quedamos a la espera de que esta iniciativa jurídica no maltrate los intereses económicos de los menos favorecidos.

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