Por todas las redes sociales se ha comenzado a difundir el mensaje “No al proyecto ley 511 del Senado”, refiriéndose directamente al intento de reforma que se piensa realizar a la Ley 675/01 que regula la propiedad horizontal. La inconveniencia de este proyecto ha sido manifestada por muchos de los doctrinantes especializados en propiedad horizontal, así como asociaciones y agremiaciones que unen a administradores de propiedad horizontal y copropietarios.
Este rechazo masivo no surge por capricho, ni porque se estén cuidando los intereses particulares de un grupo; se da al querer proteger la autonomía de la propiedad privada en Colombia y los derechos que tienen todos los copropietarios en Colombia. Es absurdo que para que una propiedad horizontal pueda contratar un administrador este debe ser registrado como tal dañando la autonomía que tiene los entes privados; es injusto que un miembro de consejo responda directamente por los actos del administrador; es inequitativo que un administrador sea sancionado por cualquier conducta por funcionarios que no conocen el ejercicio, y mucho peor que la queja pueda interponerla cualquier copropietario dando una legitimidad que en la mayoría de los casos surge de mala convivencia; es riesgoso que los constructores puedan desafectar parte de los terrenos dentro de las licencias adelantadas por etapas ya que afectarían al consumidor inmobiliario; es costoso que con el proyecto pretendan obligar a las copropiedades a reformar los reglamentos de propiedad horizontal contrariando los fallos de la Corte que reconoce los derechos adquiridos en la propiedad. En fin, un proyecto de ley que lo único que conlleva es alimentar las divisiones existentes dentro de los integrantes en la propiedad horizontal, sin un objetivo específico y un gran desestímulo en la participación administrativa de estos proyectos comunitarios.
No entendemos el afán legislativo de derogar normas que son ejemplo latinoamericano y que fueron estudiadas con detalle en su promulgación inicial. Ahora, si efectivamente quieren realizar cambios, estos deben ser acorde a las necesidades y no a impulsos o con normas que afectan los intereses privados y de toda una comunidad.
