jueves 14 de marzo de 2019 - 12:00 AM

Para transportes verticales

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Columna de
Ramiro Serrano

Con el acuerdo número 048 del 14 de diciembre de 2018 el consejo municipal de Bucaramanga implementó la exigencia para que todas las personas naturales o jurídicas que administren transporte vertical, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas eléctricas, elevadores y puertas eléctricas; tramiten cada año una certificación para demostrar y certificar que dichos equipos se encuentran en perfecto estado y acorde a las normas técnicas NTC-5926-1 y NTC 5926-2. Esta exigencia empezará a operar a partir del 15 de diciembre de 2019.

Quien no cumpla con esta norma podrá ser sancionado acorde como lo establece el Código de Policía y convivencia ciudadana en el Título III donde se enuncian los “Derechos de las personas a la seguridad y la de sus bienes” fundamentada en el principio constitucional de la obligación que tiene el estado a proteger la vida de las personas.

Pero es necesario aclarar que esta certificación es totalmente diferente a la obligación que tienen los administradores frente al trasporte vertical de realizar los respectivos mantenimientos a los equipos; ya que en el uno se intenta tener en perfecto funcionamiento los equipos y en el otro el poder certificar a los usuarios que estos cumplen con las normas técnicas de seguridad.

Esta certificación que ya es existente en otras ciudades como Bogotá, nace por los múltiples accidentes y muertes que se han dado en el país por falta de control y mantenimiento de estos equipos.

Lo negativo de esta norma es, primero la responsabilidad que van a tener los administradores de la copropiedad no solo en cumplir estrictamente con los mantenimientos, sino también a tramitar dicho certificado obligatorio, que representará un nuevo costo dentro de los presupuestos.

No entiendo a donde vamos a llegar con tantas cargas y obligaciones que le han impuesto a la propiedad horizontal, donde cada día se hace más difícil por razones económicas entrar en la legalidad y cumplir con todos los “pupitrasos” legales que imponen nuestros legisladores nacionales y locales.

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