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Miércoles 23 de junio de 2021 - 12:00 PM

Proyecto ley de propiedad horizontal

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Fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 301 de 2019 que busca reformar la Ley 675/01. Este proyecto profundiza varias definiciones no existentes en la actual ley, intenta reglamentar ciertos órganos de administración, crea el registro único nacional de administración de propiedad horizontal e impone unos requisitos para el ejercicio del cargo, introduce las tecnologías al desarrollo de los Edificios y Conjuntos, involucra normas de derecho público en normas privadas (urbanismo). En fin, habla sobre lo divino y humano.

Es cierto que la ley de propiedad horizontal requiere profundización en algunos temas que se han venido desarrollando por interpretación jurisprudencial, también hay que decir que muchos apartes de lo que se quiere cambiar son disposiciones interesantes para el desarrollo de este sector inmobiliario; pero no es aceptable que una ley que ha sido modelo iberoamericano, se convierta en una colcha de retazos que en vez de permitir el buen desarrollo de este tipo de comunidades, genere aún mayores costos y dificultades a las que por años se le han venido incrementando.

Este proyecto que no tiene un objetivo claro, sino simplemente adiciona unas normas que irrumpen el derecho erga omnes de la propiedad privada, que reglamenta y condiciona el principio constitucional de ejercer un oficio con la debida libertad, que contradice normas de protección al consumidor inmobiliario, y que reforma normas establecidas en el derecho urbanístico; en vez de favorecer a la propiedad horizontal, termina por perjudicar este y otros sectores sociales.

Aunque no debemos ser resistentes a los cambios que propone el legislativo, consideramos que éste no se ha detenido a pensar en los edificios de pocas unidades privadas que con todos los requerimientos planteados, se van a ver abocados a constituir comunidades informales en vez de propiedades horizontales.

Todavía faltan dos debates, esperamos que esta emoción de iniciativa legislativa pare, con el fin de proteger los intereses del sector inmobiliario, que residencialmente en las principales ciudades del país supera el 50%. Los proyectos que cambian la forma en que tantos vivimos deben tener una verdadera razón para su desarrollo.

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