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Ramiro Serrano
Miércoles 27 de febrero de 2019 - 12:00 PM

Reglamentación de vivienda segura

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Con la entrada en vigencia del decreto 282 del 21 de febrero de 2019 promulgada por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, se reglamentó la Ley 1796 de 2016, llamada también como la Ley de vivienda segura. Con esta normativa se obliga a todo constructor a partir del 21 de enero de 2011, que enajene más de cinco unidades privadas a amparar durante diez años los eventuales perjuicios por ruina, vicios de la construcción, problemas del suelo o vicio en los materiales utilizados que ocasionen a los nuevos tenedores por fallas en la construcción. Con esto al constructor se obliga a que una vez obtenga el permiso de ocupación constituya una de las siguientes: a) Con patrimonio propio una fiducia en garantía, b) Una garantía Bancaria, c) Una póliza de seguro, d) Cualquier otro mecanismo que pueda ser autorizado por la Superintendencia Financiera.

Estos amparos pueden verse afectados por falta de mantenimiento, porque se hagan obras o modificaciones después de haber expedido el certificado técnico de ocupación, por incendio, terremoto, inundación, asonada, motín, explosión o por cualquier agente externo al constructor; situaciones que muchas veces ignoran los copropietarios.

Este decreto generará varios resultados: a) El desestimular la construcción por la cantidad, cada vez mayor, de obligaciones que se generan para construir. Disminuyendo la oferta y por lo tanto incrementando los precios, b) El costo de dichas garantías termina incrementando el precio de la vivienda, c) Las acciones judiciales se trasfieren hoy a las empresas de seguros o entidades fiduciarias; haciendo más difícil llegar a conciliaciones, d) Si sube el valor de los inmuebles, también subirá el de los cánones de arriendos afectando la población con menos ingresos.

La reglamentación de la ley de vivienda segura que fue elaborada por casos aislados sucedidos como el Space en la ciudad de Medellín, no puede satanizar la labor de casi todos los constructores que con responsabilidad entregan sus proyectos y en consecuencia hacer cada vez más imposible tener vivienda propia. Con tantas cargas estamos acabando la propiedad privada en Colombia.

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