jueves 22 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Un absurdo proyecto de ley

Dedíquense más bien a reglamentar como legisladores todos los vacíos que existen en las leyes inmobiliarias.
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Columna de
Ramiro Serrano

La representante a la Cámara de Representantes por Bogotá, la Dra. Ángela Sánchez radicó un proyecto de ley donde según ella se está protegiendo a los arrendatarios inmobiliarios, pero al final lo que se está promoviendo con este proyecto es desestimular la compra de finca raíz como inversión, frenar aún más la construcción y llevar a los actuales arrendadores a buscar otra alternativa de inversión que tal vez la más segura se encuentre en el extranjero.

Dentro de las intenciones de modificar la Ley 820/03 encontramos la de facultar a las alcaldías de multar hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales a las inmobiliarias que realicen actividades ilegales o actividades no propias de su administración inmobiliaria. Lo que desconoce la representante a la Cámara es que el mercado que tienen las inmobiliarias no alcanza a ser la tercera parte de los inmuebles arrendados en Colombia, que en las mayorías de las alcaldías existe las secretarías del consumidor inmobiliario y que el estatuto del consumidor y las leyes civiles colombianas ya han protegido jurídicamente esta práctica. También desconoce que hoy no existe como única figura la administración inmobiliaria; sino el mandato y el corretaje que quedaría por fuera de dichos controles.

Otra modificación que trae este proyecto es el de querer acabar con las garantías dentro del arrendamiento de vivienda tales como los depósitos, seguros y fianzas. Sólo ante la inocencia de la representante nos preguntamos: ¿Alguien arrendaría un inmueble sin garantías? ¿Si un proceso de restitución de inmueble puede durar hasta un año, quien va a reconocer dichos cánones imposibles de poder cobrar? ¿Dónde se encuentra la libertad de contratación que tiene la ley civil colombiana?

Es muy riesgoso realizar populismo por intermedio de proyectos de ley, generando con esto no solo pánico en la inversión, afectando la economía y creando inestabilidad jurídica en el país. Dedíquense más bien a reglamentar como legisladores todos los vacíos reglamentarios que existen en las leyes inmobiliarias, donde por más de 15 años se ha esperado su intervención.

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