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Reinaldo Suarez Díaz
Sábado 16 de marzo de 2019 - 12:00 PM

JEP y alboroto

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Nunca y en ningún país del mundo un grupo alzado en armas va aceptar pasar de un pacto a la cárcel. Aquí ha sucedido lo mismo. Pero la aparición de la C.P.I. prohibiendo la amnistía para algunos crímenes, complicó el asunto.

Previendo el problema , el gobierno de Pastrana, en tiempos del Caguán, pidió una moratoria al C.P.I. Pero pasó el tiempo y el gobierno Santos tuvo que asumir semejante reto en las negociaciones de la Habana. Allí apareció la idea salvadora de la JEP, que mediante una legislación transicional y transaccional, juzgara tales crímenes.

El primer parto fue tan monstruoso que amenazó con hace trizas la comisión negociadora y echar al traste las negociaciones. Se trataba de un tribunal nombrado por un comité externo en el cual hasta el Papa figuró como candidato, compuesto paritariamente por jueces externos y colombianos.

Para superar el trance Santos nombró una comisión especial de juristas de ambas partes que engendró, no sin rechazo, la actual JEP, algo más presentable para la dignidad de nuestra justicia. El engendro, como era de esperar, salió con las numerosas taras que hoy deploramos.

En nuestro país cada semana hay un alboroto. El tema del alboroto actual son las vicisitudes de la aprobación de la ley que determina su funcionamiento ya aprobada en su constitucionalidad por la Corte, pero sujeta a posibles objeciones de conveniencia por parte del Presidente Duque.

Llovieron ideas sobre lo que debería hacer. Aprobarla así o someterla a correcciones por parte del Congreso? Las opiniones fueron tan diversas, y en discrepancia entre eminentes juristas, que sería pretencioso tomar partido por alguna de ellas.

Lo único inaceptable era sugerir, por motivos “políticos”, que nuestro Presidente pasara de agache y dejara de cumplir con su deber a conciencia. La ética es efecto la mejor de las políticas, como afirmaba Kant, y no puede someterse sin más a conveniencias circunstanciales.

El Presidente decidió presentar objeciones a la ley propuesta. Toca al Congreso considerarlas. Y principalmente toca a la JEP recobrar su credibilidad corrigiendo sus errores. Pero no hay razones para tanto alboroto. Pretender eliminarla sería una insensatez.

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