Hace algunos días se convirtió en noticia nacional (curiosamente) un trino que publiqué acerca del alto precio que pagué por dos sándwich y un café en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y digo “curiosamente” porque, más allá de ser un espacio de “desahogo”, twitter pareciera haberse convertido en una fuente de información un tanto “light”, a la que se acude con frecuencia por muchos medios de comunicación. Personalmente, creo que muchas veces se opta por la información fácil antes que por la de calidad, incluso a costa de la dignidad y el buen nombre de las personas; pero este será tema de otro momento.
En Colombia existe un mercado liberal que opera a partir de la oferta y la demanda, y cada quien es libre de adquirir los bienes y servicios que estime útiles para sí mismo. Aún así, hay varias cuestiones que deben ser aclaradas. La primera de ellas, es que la moneda oficial es el “peso colombiano”, pero cualquier persona puede operar haciendo uso de otras monedas, como sucede con el dólar. Aún así, las equivalencias entre monedas están reguladas por la TRM (tasa representativa del mercado) y no por la libre conversión; o sea, un peso equivale (en términos legales) a lo que la Superintendencia Financiera certifique diariamente, y no a lo que un vendedor disponga.
Y la segunda es que, aún cuando los bienes y servicios se transan de forma libre en nuestro país, existen entidades encargadas de corroborar que no existan actuaciones abusivas. Cualquier posición dominante puede ser corroborada y sancionada. Esto significa que el régimen de operaciones comercial está reglado; es liberal y no libertino.
No obstante, no está de más preguntarnos si los operadores de los aeropuertos pueden hacer cobros excesivos por el uso de los espacios comerciales, que finalmente terminamos pagando los consumidores. Me explico: si el espacio aéreo es regulado del Estado (al tratarse de un intangible de la ciudadanía) y la operación del aeropuerto está regulada por ser un servicio esencial, realmente deben analizarse las condiciones en que el servicio se presta, especialmente si la democratización del transporte garantiza que cada ciudadano pueda hacer uso de él. Los viajeros no pueden llevar consigo recipientes con bebidas y deben adquirirlas dentro de las salas de abordaje. ¿A qué precio? Ahí está el debate.
