Primera línea, primer debate

No ha transcurrido un mes desde la posesión de los nuevos congresistas de la República, y ya se han generado los primeros conflictos entre partidos de gobierno y de oposición, por cuenta del grupo de ciudadanos denominado como “primera línea”, que fue protagonista hace algunos meses en el denominado “paro nacional”. Si bien el derecho a la protesta en Colombia tiene rango de derecho fundamental, no menos es cierto que su ejercicio debe hacerse en términos pacíficos. Los desmanes y actos vandálicos no han sido ni serán objeto de protección institucional. Y es acá donde está lo álgido del debate.

Es innegable que nuestro sistema judicial (al igual que el de todos los países del mundo) es falible y que día a día se cometen muchas injusticias. Pensar lo contrario es un despropósito. Pero, así mismo, existen tantos controles legales y judiciales, que las posibilidades de que el sistema falle son cada vez menores. Aun así, es común encontrar casos sorprendentes y preocupantes. Precisamente por ello la propuesta de crear al interior del congreso una “comisión accidental” que analice casos puntuales de privados de la libertad, no puede ser más que acertada. Al final, la comisión sólo podrá rendir un informe que visibilice las situaciones concretas de violación de garantías. Creo que la comisión también debe examinar la situación de los agentes estatales. Todos ganamos en ese escenario.

Otro escenario debe ser el de aquellas personas que en efecto cometieron actos delictivos; por la vía de la “protección a las garantías fundamentales” no se puede exonerar de responsabilidad a eventuales infractores de la ley. Para eso están el indulto y la amnistía, dos figuras que no son nada novedosas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: si vamos a perdonarles, aceptemos que infringieron la ley, pero no creamos que el elector es ingenuo, haciéndoles creer que la justicia ha errado. Y por la misma vía, a los inocentes deben absolverles, porque nadie puede responder por aquello que no ha hecho.

Al final, la solución debe estar en la Comisión Asesora de Política Criminal, que hace ya muchos meses renunció en pleno, cuando el gobierno quiso imponerles la prisión perpetua. Zapatero a tus zapatos.