Imagine que un día cualquiera uno de sus hijos es agredido y usted, respetuoso de las normas, acude ante las autoridades a poner en conocimiento lo ocurrido para que se investigue al responsable. Lleva consigo todas las evidencias y espera que se actúe lo más pronto posible. Llega a la Fiscalía, y con el paso del tiempo empieza a pensar que habría sido más eficiente hacer “justicia” con sus propias manos. Así parezca increíble, esa es la sensación que muchos experimentan actualmente. Veamos:
Personalmente he sido un partidario del uso de la virtualidad en la administración de justicia, entre otras cosas, porque nos ha permitido a muchos abogados agilizar trámites que eran dispendiosos y en esencia no tenían mayor relevancia. Pero también soy consciente de que la inexistencia de contacto directo entre el ciudadano y los servidores judiciales, ha generado una sensación de ausencia estatal en la solución de los conflictos.
Un país como el nuestro, en donde somos pocos los que logramos acceder a la educación superior, no puede darse el lujo de imponer barreras a sus ciudadanos para acceder a los servicios públicos esenciales; la administración de justicia no es ni puede ser la excepción. Infortunadamente, lo que actualmente ocurre en el área metropolitana de Bucaramanga nos invita a reflexionar seriamente. Yo personalmente experimenté hace unos días lo que muchas personas a diario tienen que vivir.
En Fiscalía, por ejemplo, los vigilantes se han convertido en los nuevos “guías” de los ciudadanos. Todos son cuestionados a la entrada acerca de su caso (la confidencialidad no existe allí) y si no tienen una cita previa no pueden ingresar. No hay quien reciba sus denuncias, y deben pasar la calle para que, en una papelería, les hagan un documento que luego puedan radicar en una ventanilla. Tener noticia de su caso depende del milagro de poder ser localizado ¿Cómo contactarse? Imposible, nadie da razón del nombre del fiscal a cargo o de su número de contacto. Los directorios son inservibles. En conclusión, es francamente ridículo que miles podamos ir por horas a un concierto, pero que el señor Director de Fiscalías crea que el COVID lo porta el ciudadano que clama por justicia pronta y eficaz.
