TIERRALTA, tierra de nadie

Inaceptable; este es el único calificativo que puede haber frente a la reciente agresión de miembros del ejército nacional a los habitantes de la vereda “El Manso”, ubicada en el municipio de Tierralta, Córdoba. Hombres armados y vestidos con prendas oscuras y pasamontañas, llegaron a intimidar a niños y adultos, a plena luz del día y sin identificarse ante la comunidad. En el video que ha rotado a través de redes sociales, se ve cómo uno de los sujetos incluso carga su pistola y la apunta hacia quien estaba grabándole. La ciudadanía denunció que momentos antes habían sido obligados a tirarse al suelo, algo que hizo que recordaran las épocas en las que entre guerrilla y paramilitares se tomaban territorios a sangre y fuego.

Inicialmente se creyó que se trataba de un grupo delincuencial, pero fue el mismo comandante de las fuerzas militares el que confirmó que, al parecer, se trataba de un grupo de soldados pertenecientes al Batallón de Infantería No. 33 de la Décima Brigada del Ejército. Si bien es cierto que genera tranquilidad el que sea el mismo comandante el que acepta la ocurrencia de los hechos, no deja de preocupar el que existan miembros de la tropa involucrados en este tipo de actos violentos.

No sabemos (ni lo sabremos, seguramente) si se trata de un hecho aislado o de constante ocurrencia en las zonas rurales más alejadas del territorio nacional. Pero toda la situación amerita una investigación exhaustiva de varias entidades, con miras a determinar si hay o no más responsables o hechos violentos. Ya el país experimentó episodios similares que incluso hoy en día tienen a un comandante del ejército imputado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Mario Montoya debe responder por los cientos de “falsos positivos”, que terminaron convirtiéndose en una política estatal durante muchos años.

En situaciones como estas, es vital que se tomen medidas inmediatas y se le garantice la seguridad a la valiente ciudadanía que se atreve a denunciar. El orden social se legitima precisamente en el cumplimiento de las normas; cuando la fuerza pública se corrompe, poco puede hacerse para lograr el respeto de los derechos.