¿Y la Procuraduría?

Hace un par de días el presidente electo, Gustavo Petro, hizo saber a la opinión pública que presentaría al Congreso un proyecto de acto legislativo para modificar la constitución y así eliminar del ordenamiento jurídico a la Procuraduría General de la Nación. Claramente la propuesta cayó como un balde de agua fría, particularmente porque la entidad cuenta con más de 4.000 empleados, y tiene un presupuesto anual de 1.22 billones de pesos. La propuesta, en sí, no es nueva y vale la pena examinarla con detenimiento y objetividad.

Empecemos por afirmar que la función más relevante de la Procuraduría está en su capacidad de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos. Esa misma función la desarrollan las oficinas de control interno disciplinario y las personerías. O sea, tres entidades hacen labores idénticas, y se pagan con rubros presupuestales distintos. Las otras dos funciones que le corresponden (prevención e intervención), bien podrían también ser ejercidas por otras entidades, sin que ello implique una afectación grave a la estructura institucional del país.

Curiosamente, la función más relevante que ejerce la Procuraduría, está siendo objeto de reproche por la Corte Interamericana, ya que estructuralmente está mal concebida: se trata de una autoridad administrativa que toma decisiones con implicaciones “jurisdiccionales”. De ahí la reciente modificación a la planta de personal de la entidad, que creemos no respeta las ordenes que el Tribunal internacional ha proferido. En conclusión: el trabajo está haciéndose mal.

Precisamente por lo anterior, es que el debate tiene una especial relevancia, especialmente cuando se busca reducir el gasto fiscal y disminuir la burocracia. Es más, personalmente creo que la discusión debe girar igualmente en torno a la necesidad de eliminar las contralorías municipales y departamentales, y fortalecer a la Contraloría General de la República.

Una Procuraduría que investigue y acuse disciplinariamente; una Comisión de Disciplina que juzgue a todos los servidores públicos; y la eliminación en el código penal de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas; sería una propuesta de reforma interesante, de cara a lograr lo que la Convención Americana desde 1978 nos exige como Estado. Nos iba cogiendo el tarde con el debate.