miércoles 17 de diciembre de 2008 - 10:00 AM

¿Qué padre puede dormir tranquilo?

El presidente Uribe dice que el esfuerzo para hacer que en Colombia se respeten los derechos humanos debe ser propio, y que nadie tiene que venir de afuera a enseñarnos lo que debemos hacer.

Pero en ausencia de observadores como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Human Rights Watch, por ejemplo, los colombianos no seríamos tremendamente diligentes para reconocer violaciones de los derechos humanos ni para actuar en consecuencia. La indiferencia de la opinión pública ante las violaciones de estos derechos y los actos de violencia contra la población ha sido evidente, por ejemplo, en el caso de los asesinatos de sindicalistas que no se registraron como problema hasta que interfirieron con el TLC.

La mayoría de nosotros ha sabido de tiempo atrás de los atropellos, de la crueldad y de los desmanes de los paramilitares contra la población civil. Había oído de los vínculos de algunos oficiales del ejército y de su participación en acciones de los paramilitares, o de su inacción. Algunos medios tomaron la iniciativa de revelar los hechos, para que no quedara duda de lo que estaba pasando. Pero la gran mayoría de la población ha sido indiferente a la suerte que han corrido las víctimas de los paramilitares, y también de la guerrilla.

Durante años, la mayoría de los colombianos pensaron que el secuestro era algo que les pasaba a los ricos, a los militares o a la Policía,  y era su problema. Fue necesario que  asesinaran a los diputados del Valle y que Ingrid les tocara una fibra del corazón, para que finalmente salieran a protestar. Sin embargo, después de la operación Jaque los secuestrados tienen que estar sintiendo el abandono.

Las acciones de la guerrilla o las de los paramilitares no han llegado tan cerca de casa como los asesinatos cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas armadas. Después de eso, ningún padre de familia puede ver con tranquilidad que su hijo adolescente o joven adulto salga de casa, cuando corre el riesgo de desaparecer o de regresar muerto, su cuerpo mal disfrazado de guerrillero.

Lo que sorprende no es que el gobierno o los altos mandos hubieran tardado tanto en reaccionar a este problema, pues deben existir razones poderosas que expliquen la demora, sino que la población no lo haya hecho desde hace tiempo, cuando se supo lo que estaba pasando, o aún más, después de conocida y ratificada la noticia.  Es inadmisible que miembros de las fuerzas armadas de un país democrático maten a jóvenes pobres a sangre fría por cualquier motivo, y que el país lo tolere o lo mire con indiferencia. Que lo hagan presuntamente para cumplir metas administrativas es todavía  más grave y menos explicable. Hace falta un cambio de cultura para que los colombianos empecemos a entender que la suerte de otros no nos es ajena.

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