domingo 06 de septiembre de 2009 - 10:00 AM

La hora de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional tiene ahora un papel histórico. No es decidir si aprueba o no que se lleve a cabo un referendo para permitir que Uribe se presente como candidato para la Presidencia en el período 2010 – 2014. Es tomar esa decisión ciñéndose estrictamente a la ley y a la Constitución de 1991, sin que quede ninguna duda o sospecha de su pulcritud y absoluta independencia.


Si proceden de esta forma, las dos fuerzas políticas que se preparan ahora para enfrentarse, los unos para imponer a Uribe a toda costa y los otros para detenerlo, no tendrán argumentos legítimos para cuestionar la decisión que tome la Corte, y se podría mantener un cierto orden constitucional.

A pesar de que la democracia ya ha sido mancillada por la corrupción y la codicia de poder en el Congreso, una decisión intachable de la Corte Constitucional permitiría seguir adelante en la pugna por el poder, pero en forma decorosa y dentro del orden institucional establecido.

Colombia se encuentra en este momento en una de esas encrucijadas, que parecen de novela gótica. Este caso se puede resolver sin que medien episodios dramáticos, si se permite que Corte Constitucional decida si se sigue adelante con el referendo y en qué forma, o si no debe llevarse a cabo. La Corte se concibió precisamente para resolver este tipo de problemas y evitar que quienes detentan visiones irreconciliables sobre ellos acudan a métodos de resolución del conflicto que podrían desembocar en inestabilidad, violencia o un posible derrumbe de la democracia.

Si lo anterior tiene sentido, entonces se requiere que se cumplan ciertas condiciones para que la decisión de la Corte funcione y tenga efectos de sanación. Lo principal es que permitan que actúe libremente y que ninguno de los bandos trate de presionarla, intimidarla, corromper a los magistrados o apelar a sus convicciones políticas. El Gobierno y la oposición no pueden negarse a este compromiso, pero como están en juego dos futuros incompatibles para Colombia, es posible que aún si adquieren ese compromiso, pueden intentar no cumplirlo.

Lo más efectivo para evitar que lo hagan es que los mismos magistrados se abstengan de hablar con terceros sobre el tema hasta que se tome la decisión, y que denuncien cualquier intento de inducirlos o influenciarlos.

Los magistrados de la Corte Constitucional deben demostrar también que no esconden cadáveres en la alacena. Deben declarar qué parientes o allegados han sido nombrados en las embajadas, en cargos oficiales o tienen contratos con el Gobierno o con contratistas del Gobierno, y abstenerse de intervenir a menos que renuncien a ellos.

Va ser necesario proteger a los magistrados pero también vigilarlos, y no se les puede confiar esa última tarea a los organismos de inteligencia del Estado porque no la llevarían a cabo honorablemente. La sociedad tendrá que hacerlo con el concurso de los medios de comunicación y la ciudadanía.

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