domingo 29 de noviembre de 2009 - 10:00 AM

Recorte de intereses y emergencia

El recorte de la tasa de interés del Banco de la República fue acogido con beneplácito por la mayoría de la gente aunque algunos economistas y ejecutivos del sector financiero han expresado en privado temores de que tasas reales de interés tan reducidas pueden promover una inflación de activos e inducir una burbuja de precios de finca raíz, si reacciona la demanda de vivienda más que la oferta.

Lo más significativo de la medida es que confirma la gran preocupación de su Junta por el bajo crecimiento de la economía y posiblemente por el aumento del desempleo que en septiembre ya se acercaba al 13%  (los expertos encuestados por Semana pronostican altas tasas de desempleo, hasta de 14% en 2010). Entre los argumentos que se dieron para explicar la medida se destacó la caída de la economía venezolana y las trabas al comercio impuestas por ese país que en su conjunto han provocado una precipitada caída de las exportaciones agrícolas e industriales.

El modesto desempeño de la economía de Estados Unidos tampoco ha contribuido al crecimiento de estos sectores. Se espera que este año disminuya el producto de la industria, la agricultura, el comercio y el transporte, algunos de los sectores más importantes de la economía colombiana, y que caigan el consumo privado, la demanda interna, las exportaciones y hasta las importaciones. Los bancos están sufriendo por insuficiente demanda de crédito y se prevé que baje la inversión. Todo esto motivó al Banco a bajar sus tasas de interés.

Pero el gobierno no parece haberse percatado de la situación y está anunciando un aumento de los impuestos por decreto, valiéndose de la emergencia social que ha invocado. No saca nada el Banco reduciendo tasas de interés y tratando de defender la tasa de cambio si el gobierno toma medidas que coadyuvan a una mayor desaceleración del consumo y probablemente a una caída de la inversión, con el argumento de que la delicada situación financiera del sector salud es un hecho sobreviniente.

Mal puede serlo si la situación es conocida de tiempo atrás. Muchos de los problemas que afectan la solvencia de las EPSs e IPSs son viejos, algunos de ellos causados por un manejo inexplicable del Fosiga, por el descuadre cada vez mayor entre las obligaciones y los recursos del sector, por fraude de los usuarios y por falta de previsión oficial.

Estos problemas y las soluciones deberían haberse llevado a consideración del Congreso para dotar al ejecutivo de recursos para financiarlos. Si el gobierno cuenta con las mayorías para cambiar la Constitución a pupitrazos, cómo no va a poder hacer aprobar las leyes que necesita para resolver esta situación. En lugar de invocar la emergencia y de pretender imponer impuestos por decreto, puede convocar a la Casa de Nariño a su bancada, como lo ha hecho tantas otras veces por razones menos justificables, y ordenarles que aprueben las medidas. De esa manera, por lo menos, se respetaría la forma, aunque el resultado sea el mismo, y no se contradice la política de 'confianza inversionista'. Los inversionistas extranjeros que han sido atraídos por esta política se preguntan ahora qué confianza puede haber en un país en donde el Presidente cambia la Constitución a su antojo e impone impuestos por decreto.

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