Hace un mes un docente de la Universidad Nacional que había sido denunciado por una estudiante de acosarla sexualmente en 2018 fue destituido e inhabilitado por 20 años al demostrarse que las acusaciones resultaron ser ciertas. Situaciones similares se han documentado recientemente también en otros campos como la política, el ámbito militar e incluso la cotidianidad empresarial.
El poder –sea el de otorgar una calificación, materializar un ascenso o imponer un castigo- envalentona a los agresores para que, camuflados en coqueteos aparentemente inocentes, busquen interacciones consentidas en una relación que en principio no debería admitirse.
La decisión que castiga al profesor de la Universidad Nacional es ejemplarizante y debe servir para disuadir a quienes acostumbran a utilizar métodos que se aprovechan del poder que se les ha conferido por el sistema –educativo, militar o empresarial- para atender sus necesidades a costa de alumnos, subalternos o empleados. Pero la prevención debe ser la prioridad en estos casos. Si bien la ley no ha cambiado lo suficiente, las víctimas –hombres o mujeres- están mucho más empoderadas hoy para denunciar.
Por ejemplo, la Universidad Nacional cuenta desde 2017 con un “Protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género y violencias sexuales” y algunas otras empresas han empezado a desarrollar sistemas de prevención y protección similares para las eventuales víctimas de acoso sexual. Dichas iniciativas deben ser revisadas en detalle por otras universidades y empresas para replicar sosteniblemente ambientes libres de violencia de género.
La prevalencia de muchos tipos de violencia se hizo evidente en Colombia una vez que se superó, al menos discursivamente, la omnipresencia de aquella generada por el conflicto armado. Si bien hacen falta desarrollos jurídicos que establezcan con claridad los límites hoy difusos y peligrosos entre el coqueteo y la agresión, la sociedad colombiana tiene una deuda moral con aquellos sujetos atemorizados con la presión que implica verse expuesto –o apenas amenazado- por actos de violencia sexual.
Es obligación de todos promover ambientes adecuados de convivencia en nuestros lugares de trabajo, que incluyan escenarios en los que nos podamos relacionar respetuosamente, sin abusar de posiciones de poder para obtener beneficios individuales.
