viernes 05 de abril de 2019 - 12:00 AM

Glifosato y legalización

La solución podría estar en la despenalización del consumo de la droga, lo que eliminaría de tajo la mayoría de los estímulos económicos al cultivo
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Columna de
Santiago Gómez

Monsanto fue condenada a pagar 80 millones de dólares a Edwin Hademan, un pensionado de 70 años con cáncer no Hodgkin que les demandó por negligencia al no advertir los riesgos causados en sus herbicidas. Mientras tanto, en Colombia el debate del uso de glifosato como estrategia principal para la erradicación de cultivos ilícitos se mantiene.

El Gobierno ha insistido en que los estudios no prueban de manera determinante el efecto nocivo del glifosato en la salud humana y figuras públicas como Alejandro Gaviria y el expresidente Santos defienden la decisión de su prohibición, siendo consecuentes con la Corte Constitucional que prohibió la aspersión en 2015, atendiendo al principio de precaución.

Sin embargo, el argumento de que el área de cultivo de coca ha aumentado exponencialmente en los últimos años, principal defensa de quienes favorecen el uso del glifosato, promueve una peligrosa decisión de política que enfrenta jurídicamente los asuntos de seguridad nacional con los de salud pública. El debate es complejísimo, porque implica variables morales, jurídicas, políticas y económicas, por tanto, la clave para resolverlo es entender y describir en su justa medida las tensiones entre los diversos derechos que se enfrentan.

Así mismo, después del debate de hace un mes, quedaron el sinsabor de la profunda politización del tema y de haber sido un debate especialmente técnico entre las élites políticas y económicas del país que geográfica y moralmente demostraron estar (desde las dos orillas) muy alejadas de las problemáticas de una periferia tradicionalmente ignorada por Bogotá.

La solución podría estar en la despenalización del consumo de la droga, lo que eliminaría de tajo la mayoría de los estímulos económicos al cultivo y procesamiento de dichas sustancias. Otro debate cuyos detractores atacan principalmente desde lo moral, dejando a un lado factores de salud pública y racionalidad económica que podrían dar claridad frente a cómo resolver un eterno debate entre los defensores de las libertades individuales, también defensores del libre mercado, y aquellos que consideran que el asunto es uno principalmente que implica definir entre lo que está moralmente bien y lo que no lo está.

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