viernes 09 de abril de 2021 - 12:00 AM

Metástasis

Si la Fiscalía tiene razón, habría que crear tipos penales que castiguen también a quienes diseñan, por ejemplo, reformas tributarias que resultan ineficaces
Escuchar este artículo
Image
Columna de
Santiago Gómez

Es muy difícil creer que las acusaciones hechas a Fajardo por peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prosperen. La movida parece más una jugada para entorpecer sus aspiraciones presidenciales, una retaliación del sector político de Luis Pérez o una nueva salida en falso de una Fiscalía altamente politizada.

En 2013 el departamento de Antioquia suscribió un contrato de sustitución de deuda con el Banco Corpbanca, que actuó como intermediario frente a Findeter, adscrito al Ministerio de Hacienda y que fungió como banco de segundo piso, para otorgar una línea de crédito por 98 millones de dólares. Pero ni su administración fue la única que adquirió créditos similares en el departamento, ni sus técnicos los únicos que no atinaron a mágicamente adivinar la devaluación futura del peso.

La imputación de la Fiscalía Barbosa argumenta que no existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, absurda exigencia que desborda el sentido común y que sienta precedentes peligrosísimos para la función pública. Si el delito de Fajardo y sus asesores es no haber podido predecir la devaluación del peso de 2014, todos los economistas tenemos que ser imputados, así como todos los funcionarios públicos que abrieron créditos en moneda extranjera antes de esa fecha. Si la Fiscalía tiene razón, habría que crear tipos penales que castiguen también a quienes diseñan, por ejemplo, reformas tributarias que resultan ineficaces porque no previeron el desarrollo futuro de los diferentes sectores económicos, porque en los análisis técnicos no atinaron a predecir la evolución del desempleo, la aparición de virus mortales con la capacidad de cerrar la economía global por meses, o incluso las variaciones en la tasa de cambio. De ahora en adelante, precedente ya sentado, los ordenadores de gasto quedan maniatados y la función pública entorpecida de manera estructural y deliberadamente torpe.

La politización de la justicia representa un ataque frontal a las democracias modernas, que se soportan en el precepto de la separación de poderes. Y esos ataques han sido siempre el inicio de dictaduras feroces en toda latinoamericana. Ese cáncer ya hizo metástasis.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Otras columnas
Publicidad
Publicidad
Publicidad