Son muchos más los aspectos ampliamente favorables que se desprenden de esta nueva realidad económica que en el último año han forjado básicamente nuestros empresarios, a quienes hay que felicitar sin egoísmos y animar sin temores, para que continúen por este camino.
Las problemáticas de las ciudades intermedias parecen no tener solución. Problemas de transporte público, saneamiento básico, infraestructura y seguridad son la constante y no hay posibilidad de que, únicamente a través de los presupuestos locales, estas necesidades se puedan solucionar.
Por otro lado está el poder central, que desconociendo las realidades económicas y sociales de las regiones, sigue gobernando desde los escritorios y no desde los territorios.
Sumado a esto, los representantes políticos de los territorios no se ponen de acuerdo en qué pedirle al poder central, porque además no saben qué pedir, y mientras tanto pasan los años y los territorios siguen creciendo de manera desordenada y desarticulada.
Para rematar, hoy Colombia tiene un Gobierno con un modelo económico totalmente opuesto a las realidades sociales y económicas del país, con fórmulas de salida que inducen a una especie de poder central omnipotente y omnipresente, a través de una carreta ideológica muy vendedora pero irrealizable.
Mientras el poder central piensa que Colombia es el aljibe de la finca llamada Suramérica, y día a día nos intenta convencer de que Venezuela debe ser su planta de energía y Brasil su alacena, los colombianos no comen, no duermen y viven enfermos con la inseguridad jurídica que provoca el mensaje del cambio, que termina ahuyentando a cualquier inversionista y que además sigue motivando a que quienes viven en la finca se vayan a otras latitudes.
Esto realmente no puede continuar. Los municipios requieren autonomía y esa autonomía debe tener fuentes de financiación que no dependan del poder central. El centralismo no puede continuar, es un modelo obsoleto, ya probado como ineficiente y perversamente corrupto.
Los departamentos deben ser autónomos, debemos pasar a un Estado Federado. No es posible que desde Bogotá se sigan tomando decisiones por nosotros. No es posible que sigamos mendigando monedas para solucionar nuestros problemas. No es posible que los recursos públicos se sigan distribuyendo de forma selectiva y se deje por fuera del llavero a municipios con necesidades básicas y no es posible que ahora con este gobierno se priorice al sector rural, aun con las necesidades de alto impacto ambiental que siguen teniendo las ciudades intermedias.
Es momento de un Estado Federado. Que al poder central le haya quedado grande gobernar solo pone en evidencia la necesidad de mayor autonomía en las regiones. Solo así podremos cambiar el destino al que nos quieren condenar.