lunes 19 de julio de 2021 - 12:00 AM

El precio del medio ambiente

xxx
Escuchar este artículo
Image
Columna de
Sergio Arenas

Permanentemente escuchamos que muchos actores locales, departamentales, nacionales e internacionales promueven la protección del medioambiente. En algunos de ellos, esta protección es tan radical que invitan a que las sociedades actuales regresen a la época paleolítica. Lo mismo ocurre con los que justifican el desarrollo económico sin respetar los estándares mínimos de sostenibilidad.

Estos extremos son posiciones absolutamente inconvenientes para la realidad social y económica de nuestras ciudades, pero sobre todo son contrarios al proceso de crecimiento natural de nuestra sociedad, lo que exige una planificación prospectiva que garantice bienestar, salud, vivienda, acceso a servicios públicos y movilidad, entre otros.

El primer paso y pacto que debemos hacer como sociedad es reconocer que el medioambiente tiene un precio, aunque esta afirmación agreda a la academia y al radicalismo ambiental que idealiza su uso. Ese precio debe ser la base para definir el costo de su uso o utilización dentro de las reglas de mercado en el ámbito de una economía de competencia con una visión de transición a energías limpias y economía azul. Los precios de mercado no reflejan el valor real de los recursos ambientales, su escasez y los costos de la actividad económica.

Actualmente, la política pública sobre el medioambiente está diseñada de forma punitiva (en este caso, las multas no compensan el verdadero daño) y en algunos casos se aproxima a un gravamen o contribución, como lo son las tasas a usuarios (cobro por agua o recolección de residuos sólidos), que tiene su base de cálculo en el costo operacional y de inversión de la empresa de servicios públicos, pero no sobre la base del valor real del medioambiente.

Es por ello que el medioambiente debe tener un precio, no calculado desde el daño, sino entendido como el activo que se aporta para el bienestar de la sociedad. Y sobre ese concepto establecer instrumentos económicos que permitan no solo ingresos adicionales a los municipios aportantes del activo, sino que también promuevan procesos y conductas industriales, empresariales y familiares que aporten al cuidado del medioambiente.

Un ejemplo son los esquemas de permisos negociables (derechos de contaminación que podrían ser transferidos) que ya existen en otros países, sistemas de depósito y reembolso, exenciones tributarias, acuerdos voluntarios, sistemas de incentivos, como que el Estado pague por montar bicicleta. En conclusión: el que contamina paga y al que no, se le paga. ¿Cuál es el precio del medioambiente? Este es el primer paso para que se valore.

Otras columnas
Publicidad
Publicidad
Publicidad