Se repite la historia. Esta vez fueron 22 días en donde las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos cerraron sus puertas, dejando a la merced todas las transacciones de los bienes inmuebles del país, ahora con la excusa de no estar de acuerdo con la modernización de los sistemas de información de las oficinas de Registro.
Esto es un verdadero descaro y una falta de respeto por parte de estos grupos sindicalistas con los ciudadanos y con la ciudad. No solo porque no cumplen la verdadera función para la cual fueron contratados como servidores públicos, que de eso no tienen absolutamente nada, sino que solo persiguen sus intereses personales cobijados siempre como adalides de la moral, pero en el fondo lo único que les interesa es no trabajar y seguir recibiendo sus sueldos, así llueva, truene o relampaguee.
Entenderán el nivel de frustración con el que escribo esta columna, al ver cómo la economía de nuestra región queda absolutamente fosilizada por el actuar egoísta y tirano de quienes, sin más, no se les da la gana de trabajar.
La huelga de las oficinas de Registro es un verdadero atentado contra la recuperación económica de las ciudades. Todos fuimos testigos de cómo el sector de la construcción fue el que logró que Colombia no cayera en una verdadera quiebra generalizada, y un ejemplo de ello fueron los miles de subsidios que el Ministerio de Vivienda logró ubicar como estrategia para atender la pandemia. El sector de la construcción fue el que jalonó prácticamente toda la economía y logró la reactivación de puestos de trabajo en momentos donde el país no tenía una salida clara como efecto de la pandemia; aportó una inversión anual a la economía de 5 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a 245.000 nuevos hogares propietarios, según datos de Camacol Nacional. Esto se logró a pesar de la inoperancia y permanente excusa de estos funcionarios, que en su momento se quejaron porque no tenían los elementos para conectarse a trabajar desde casa y que ahora se oponen a la modernización de sus elementos de trabajo. Qué incoherencia, ¿no?
Por cada día de paro o suspensión de actividades en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se frenan $164.000 millones de inversión y se limita el acceso a la vivienda formal de mil familias colombianas.
Esta huelga no se compadece con la situación económica de nuestra región, ni con las miles de familias que quieren acceder a una vivienda digna.
Incoherencia y desfachatez es lo único que podemos decir de estos sindicatos, que utilizan su legítimo derecho de huelga sin la más mínima consideración con los ciudadanos y con el proceso necesario de reactivación económica, determinante en estos momentos pospandemia.
La verdadera solución es que el servicio público registral se declare servicio público «esencial», porque definitivamente sí que lo es, y a ver si con esto se les quita la maña de no trabajar.
