lunes 28 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

La entrega fue hecha

Todas las actuaciones adelantadas en este lapso, se reputan como legítimas y no habría posibilidad que un arrendador pretenda completar el valor de su indemnización o cláusula penal a causa de la inexequibilidad
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Columna de
Sergio Arenas

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 797 de 2020, el cual fue expedido por el Gobierno Nacional, invocando como fundamentos: la protección de la autonomía de la voluntad privada de las partes, así como la libertad para contratar.

Cabe recordar que esta norma permitía a los arrendatarios de los inmuebles donde se desarrollaban las siguientes actividades: bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, parques infantiles, cines, teatros, servicios religiosos, alojamiento y servicios de comida; terminar de forma unilateral dichos contratos, siempre y cuando se encontraran a paz y salvo en: cánones, cuotas de administración y servicios públicos; realizando además de ello, el pago del tercio de la cláusula penal, y de no estar pactada, una sanción equivalente a un canon de arrendamiento. Entrega que se debía hacer antes del 31 de agosto de 2020.

Con esta decisión de la Corte Constitucional: ¿Qué pasará con las entregas de los inmuebles que se hicieron bajo esta figura?, ¿el arrendador tiene derecho a reclamar el resto de la indemnización no pagada en virtud del decreto?

Para ello, debemos acudir a la misma Corte Constitucional, que ha establecido que la declaratoria de inexequibilidad tiene efectos hacia futuro y esto, según lo ha explicado la corporación, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y seguridad democrática que amparan una presunción de constitucionalidad de las normas que integran nuestro sistema jurídico actual. Los efectos retroactivos de un fallo de inexequibilidad configuran, de acuerdo con la Sentencia C-038 de 2006, la responsabilidad del Estado.

Lo anterior, encuentra mayor importancia, cuando sabemos que la inconstitucionalidad de una norma, convalida todas aquellas situaciones jurídicas que se efectuaron o materializaron amparadas en ésta, desde el momento en que entra en vigencia la misma.

Todas las actuaciones adelantadas en este lapso, se reputan como legítimas y no habría posibilidad que un arrendador pretenda completar el valor de su indemnización o cláusula penal a causa de la inexequibilidad. Es decir, la entrega fue hecha.

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