lunes 12 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Letra Muerta

Los conceptos fundamentales en la gestión urbana se han desnaturalizado y el proceso participativo de construcción y ejecución de los desarrollos urbanos se ha desbordado.
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Columna de
Sergio Arenas

El ordenamiento territorial es un deber del Estado. Desde la Constitución de 1991 este concepto se ha venido afianzando en la política pública, pero aún no logra consolidarse de acuerdo a los principios rectores de la función social y ecológica de la propiedad. Por el contrario, los conceptos fundamentales en la gestión urbana se han desnaturalizado y el proceso participativo de construcción y ejecución de los desarrollos urbanos se ha desbordado, convirtiéndose hoy en una talanquera del desarrollo urbano.

La Ley 388 de 1997, concibe al ordenamiento territorial como el conjunto de acciones político administrativas tendientes a establecer instrumentos para el desarrollo territorial. Facultad sujeta a la concertación de los sectores involucrados en el desarrollo de los espacios físicos del municipio o departamento.

Esta participación democrática, dentro del proceso de construcción del ordenamiento territorial por medio de los planes de ordenamiento territorial (POT), además de tener su génesis en la Constitución Nacional, es uno de los elementos más importantes en el proceso de formación de los planes, y no es para menos.

La definición del ordenamiento debe responder a las necesidades del espacio municipal o regional que se analice. Están destinados a fracasar los POT diseñados sin tener en cuenta las necesidades, costumbres, culturas y comportamientos de los sujetos que pertenecen a la región donde se está desarrollando la construcción del plan. No podemos olvidar que los espacios están ocupados por personas y son quienes deben participar en sus soluciones.

Es por ello que la concertación entre los intereses sociales, económicos, urbanísticos y sus pobladores, es la garantía para que la política que se diseñe sea eficaz.

Una de las problemáticas que se han venido presentando, además de la dificultad de lograr la participación ciudadana en las etapas de aprobación de los planes territoriales y el consenso político que se necesita, es que los líderes políticos al momento de implementar los planes no trabajan en equipo, las rencillas, los egos, los intereses y la polarización llevan a que el arduo trabajo que significa consolidar el proyecto del plan termine siendo letra muerta.

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