A propósito de las desafortunadas vías de hecho utilizadas por algunos ciudadanos en el proceso de elección de los cuatro alcaldes de los municipios de Rionegro, Piedecuesta, Matanza y Charta, elegidos por la Asamblea Corporativa, es necesario recordarle a los ciudadanos la importancia de utilizar los recursos e instrumentos que existen para participar en la gobernabilidad de esta entidad sin necesidad de utilizar vías de hecho, que en el fondo se convierten más en situaciones mediáticas, estrategias políticas y personales, que en verdaderos ejercicios de participación y control ciudadano.
El Consejo Directivo está conformado de la siguiente forma: el gobernador, un representante del Presidente de la República, un representante del Ministro de Medio Ambiente, hasta cuatro alcaldes de los municipios, dos representantes del sector privado, un representante de las comunidades indígenas o etnias y dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente.
En este sentido, es importante insistir e invitar a los ciudadanos a conocer y estudiar los mecanismos de participación, cumplir con los requisitos que allí se establecen y lograr cargos de gobernabilidad de la entidad, siempre dentro de las vías legales. Por ejemplo, el sector privado tiene la posibilidad de tener 2 representantes en esta corporación, que dicho sea de paso, maneja los recursos de la sobretasa ambiental con un presupuesto aproximado de 100 mil millones de pesos, y así poder participar en la toma de decisiones de la entidad que define la política ambiental más determinante para la clasificación del uso del suelo de 13 municipios.
La participación del sector privado es cada vez más importante en las Corporaciones Autónomas Regionales dada su importancia en las decisiones de la planeación territorial. Por eso hemos visto como de las 70 empresas que participaron en elecciones anteriores, como la de 2015, pasamos a la participación de 700 empresas privadas durante la elección de 2019.
Esta vez es fundamental que el sector privado luche esos dos cupos dentro de los procedimientos reglamentarios existentes y que pueda ubicar empresas representativas del departamento dentro del Consejo Directivo.
Dicho lo anterior, seguir aplaudiendo y validando los comportamientos que atentan contra la institucionalidad y el orden no solo no sirve estratégicamente, sino que abre las puertas a la violación de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
De los gritos, a la participación.
