lunes 25 de noviembre de 2019 - 12:00 AM

PEMOT, parte II

El proceso de socialización realizado, que vehementemente defiende el AMB, no es coherente con el documento final. Es decir, se socializó una información y se pretende poner en aprobación otra.
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Columna de
Sergio Arenas

El Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, aprobará esta semana el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Bucaramanga, PEMOT. No obstante, el documento final no refleja los consensos logrados, ni tuvo en cuenta los aportes de algunos sectores y gremios.

El proceso de socialización realizado, que vehementemente defiende el AMB, no es coherente con el documento final. Es decir, se socializó una información y se pretende poner en aprobación otra. Dicho documento es de tal generalidad que no logra establecer claramente la estrategia que se quiere plantear y abre la puerta para que posteriormente se desarrollen conceptos, cartografía y reglamentaciones sin ningún tipo de rigurosidad, lo que pone en riesgo el ordenamiento metropolitano.

Pero ese no es el aspecto más preocupante. Los cambios efectuados y no socializados, consistentes en la eliminación de directrices y normas, hacen que el PEMOT no logre establecer claramente los parámetros de participación en las decisiones del ordenamiento territorial. En principio, esta modificación, según el AMB es estratégica y articulada con los planes de ordenamiento territorial, sin embargo, no lo es.

La generalidad conceptual plasmada en el PEMOT abre la puerta para que el AMB invada las competencias propias de los municipios frente al uso del suelo, tales como determinar el modelo de ocupación del territorio y restringir los diferentes grados del uso del suelo, del desarrollo de actividades y del aprovechamiento de los recursos naturales.

Por otra parte, el PEMOT, al tener una fuerte inclinación al desarrollo agroindustrial (centralidad de Guatiguará) en zonas donde su vocación históricamente ha tenido un alto potencial para el desarrollo de vivienda, especialmente de vivienda de interés social y prioritario en la región, se convierte en un riesgo para el ordenamiento adecuado del área.

Esta situación es muy preocupante, más aún cuando el próximo 28 de noviembre se someterá a aprobación el documento que define la estrategia del ordenamiento territorial metropolitano, y mucho más preocupante que en esta discusión no se tengan en cuenta a los alcaldes actuales y gobernantes elegidos en octubre, quienes ejercerán sus planes de gobierno a partir de enero de 2020.

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