lunes 29 de junio de 2020 - 12:00 AM

¿Quién responde?

Esto es lo que se denomina la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Los sectores que hoy están sacrificándose tendrán derecho a demandar al Estado, demostrando el daño.
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Columna de
Sergio Arenas

El aislamiento preventivo obligatorio, ha sido una decisión del Gobierno Nacional como medida para contrarrestar el efecto de la pandemia. Las decisiones del gobierno traducidas en los decretos que se han venido expidiendo, si bien son loables, pues su fundamento es perseguir un propósito constitucional como la protección a la salud y a la vida, tienen efectos tanto positivos como negativos.

Por esto podríamos afirmar que: “Nos lesionamos en el entrenamiento”. Pues se supone que el tiempo de confinamiento era para preparar el sector salud en la gran demanda de unidades de cuidado intensivo, y ya estamos viendo que no se logró la meta. El Gobierno Nacional no le ha cumplido a los departamentos en la transferencia de los recursos públicos que necesita, sobre todo a los que lo han hecho bien como Santander.

Este espacio de tiempo de confinamiento tuvo grandes perdedores: las empresas de transporte de personas, restaurantes, cines, teatros, hoteles, bares, discotecas, casinos, parques infantiles, gimnasios, canchas deportivas y el comercio en general.

Por otro lado, otros sectores de la economía que se han visto favorecidos, como los pertenecientes al suministro de alimentos, farmacéuticos, entidades financieras y transporte de carga. Esto no quiere decir que no todos hemos sido afectados, solo que unos más que otros.

Esta situación donde unos se quiebran y otros crecen tiene un responsable, el Estado, que con su política pública para atender la emergencia emite decisiones que pueden afectar a un sector más que a otro.

Lo cierto es que el Gobierno a través de los decretos que ha emitido el presidente ha causado daños antijurídicos que ciertos sectores de la económica no deberían soportar. Así lo establece el artículo 90 de la Constitución Política: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Esto es lo que se denomina la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Los sectores que hoy están sacrificándose tendrán derecho a demandar al Estado, demostrando el daño. Las medidas de confinamiento no sirven para atender la emergencia; el autocuidado y el aforo sí.

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