Con enorme insatisfacción vemos cómo la acción de tutela, un mecanismo constitucional de la protección de los derechos fundamentales, es utilizada como instrumento servil de causas particulares. De esta manera se desconocen los derechos de los demás ciudadanos, quienes en su mayoría no estamos de acuerdo en que el derecho de protesta siga convirtiéndose en el vehículo de los delincuentes para destruir nuestras ciudades.
Recientemente el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 575 del 2021, por medio del cual el Gobierno Nacional impartió medidas para el restablecimiento del orden público con ocasión de las diferentes protestas y movilizaciones que se adelantaron en diferentes partes del país desde el pasado 28 de abril. Esta determinación es producto de una acción de tutela temeraria y estratégicamente presentada por un grupo de ciudadanos de Cali que consideran que «la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada».
Adicionalmente, ordena al Ministerio de Defensa que «los miembros del poder policivo acaten los protocolos establecidos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección de la protesta social previstos en el Decreto 003 del 2021». Es decir, que se sigan dejando golpear, matar, humillar, mientras la primera línea bajo el amparo de la ley sigue cometiendo actos violatorios de los derechos de los demás ciudadanos.
La conclusión del Consejo de Estado es que el Decreto 575 de 2021 amenaza el derecho a la protesta social, y los actos perturbadores del orden público corresponden a la Policía Nacional y no a las Fuerzas Militares.
Estas conclusiones son tan ajenas a la realidad del país que lo único que demuestran estas corporaciones es la lejanía que existe entre la jurisprudencia y la realidad social, que nos demuestra que solo tenemos 200 policías por cada 100 000 habitantes en un país donde hay un promedio de 4.500 homicidios al año.
Lo cierto es que la corporación cae en el falso proteccionismo del derecho legítimo de la protesta que alegan los demandantes, pero que en el fondo lo que buscan es seguir debilitando las instituciones, especialmente a la Policía Nacional.
Quien rechaza el acompañamiento de las instituciones es porque no tiene buenas intenciones.
