Una de las mayores enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que la tranquilidad de ser propietario de un inmueble no tiene precio. Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 65.523 familias en el 2019, tuvieron la posibilidad de tener vivienda propia con subsidio.
Recientemente el Gobierno Nacional anunció que en menos de un mes expedirá un decreto que para los próximos dos años, generará un total de 200.000 subsidios, 100.000 cupos para VIS y 100.000 para No VIS. Estos subsidios son tan importantes que una familia que debe pagar por ejemplo una cuota mensual de $1’107.000 de su crédito, con los subsidios sólo pagaría $470.000.
La pregunta es: ¿Y eso de qué sirve, si en Santander se desarrollan muy pocos proyectos de vivienda de interés social? Según el Ministerio, del total de subsidios entregados a nivel nacional, sólo el 10% fueron para familias santandereanas.
¿Cuál es la política departamental y municipal para que las bondades del Gobierno Nacional se materialicen en nuestro departamento? ¿Cómo se pretende activar el sector de la construcción, y por ende de las cientos de empresas santandereanas que hacen parte? ¿Cómo se quiere mejorar la calidad de vida de nuestros santandereanos si esos subsidios nunca van a llegar?
El primer paso para que esto suceda, es entender que el sector de la construcción es fundamental para la recuperación regional y que para que nuestras familias santandereanas se beneficien, la primera acción es apoyarse de los gremios especializados como Camacol; para que se defina una agenda urbana integral, que determine la estrategia para garantizar el mayor número de subsidios y establecer unas metas medibles que tengan como propósito la simplificación de los trámites a los que está expuesto un constructor (50 trámites), agilidad en la autoridad catastral, en la oficina de registro de instrumentos públicos, y en las autoridades ambientales, aprobación oportuna de los planes parciales, la consecuente habilitación de suelo, la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, y agilidad en las entregas de zonas de cesión y espacio público; de lo contrario tendremos un Santander sin vivienda.
