sábado 28 de enero de 2023 - 12:00 AM

Silvia Otero

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Columna de
Silvia Otero

Estamos a 1 o 2 semanas de conocer el texto de la reforma a la salud propuesta por la ministra Carolina Corcho. Lo más probable es que la reforma elimine las EPS como intermediarias y proponga la creación de redes de prestadores públicos y privados, organizados por las secretarias de salud, y a las que el ciudadano se inscribiría según su lugar de residencia. Se eliminaría la intermediación financiera puesto que el estado pagaría directamente a esas redes las consultas y procedimientos.

La salud en Colombia tiene muchos problemas, pero la reforma de la ministra ha dibujado dos como los más importantes: que muchas EPS, como intermediarias y administradoras del riesgo, abaratan sus costos negando servicios a sus afiliados; y que fragmentan la prestación del servicio, puesto que dividen a la gente que vive en un mismo sitio en aseguradores diferentes, diluyendo la responsabilidad de la atención y la prevención.

Este diagnóstico reconoce que el modelo de competencia entre EPS e IPS planteado por la Ley 100 no funciona en la mayor parte de municipios de Colombia, en donde no hay suficiente gente para que haya un verdadero mercado. En estos lugares las EPS no compiten entre sí para hacerse más atractivas ante el usuario/cliente.

En una investigación que publiqué en Latin American Politics and Society encontré precisamente que el efecto de la competencia entre aseguradores es diferente según el tamaño del municipio. En municipios pequeños, una mayor competencia entre EPS va de la mano con mayor mortalidad materna. En cambio, en ciudades grandes, más competencia si va de la mano con menor mortalidad materna. Esa era la intención original de la reforma, pero en pueblos, zonas rurales y con población dispersa, en donde no hay mercado, no se pueden ver los frutos de la competencia.

Pero si bien es cierto que la fragmentación es un problema para esas regiones, la solución no puede ser entregar la organización y gestión del servicio a secretarías de salud que precisamente por la alta ruralidad y baja población están pobremente equipadas, no tienen capacidades técnicas ni presupuestales, y son de fácil captura por clanes políticos corruptos y estructuras criminales. Si algo ha demostrado también los 30 años de ley 100, es que las alcaldías y gobernaciones han hecho un trabajo muy mediocre en lo que se refiere a las atenciones colectivas en salud que tienen a su cargo. Y ese pedazo del problema de la salud en Colombia es totalmente minimizado en el diagnóstico de la ministra.

Remplazar la fragmentación en EPS por más descentralización es lo mismo que tapar un agujero abriendo un socavón. La descentralización en salud desde la ley 100 ha sido irresponsable y desorganizada, por lo que dar más funciones a las entidades territoriales que son precisamente las más débiles es un disparate.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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