En Colombia hablar en sentido crítico de ciertas instituciones, se está volviendo pecado, porque como en la iglesia católica, parece que en la estructura estatal hay dogmas de fe que nadie puede atreverse a controvertir. La recién creada Justicia Especial para la Paz es una de ellas.
Impoluta, sin opinión política, con unos integrantes a los que no se les puede casi que ni mencionar de viva voz, la JEP se convirtió en un supra poder judicial, pensado en principio para hacer justicia con las víctimas del último período de la violencia en Colombia. Pero ya se nota que a los que no les ha gustado cómo los ha juzgado la justicia ordinaria, les parece un buen plan hacerse pasar por víctimas del Estado para quedar abrigados por la JEP, porque los que sufrieron la violencia guerrillera no van a tener mucha cabida allí. No nos hagamos ilusiones, los que fuimos víctimas del secuestro y la extorsión guerrillera, ni nos aparezcamos por allí, porque podemos ser identificados con el otro bando.
Otro de los santos del grial estatal, son las corporaciones autónomas. El poder que han acumulado para permitir o impedir el desarrollo de obras de infraestructura, proyectos mineros o de servicios públicos es gigantesco. Hay tramos de las supervías en construcción que no tienen continuidad, por un árbol que no se puede tumbar (y no es de las especies en vía de extinción). Se pregunta uno cómo han pasado por alto la maquinaria que está entrando -se supone- de manera fraudulenta, para la minería ilegal en tantas zonas del país. O si no les parece violatorio de las normas ambientales acabar con tanto territorio y plantaciones, para sembrar coca. O para no echar más leña, ¿a qué les huele El Carrasco?
Y ¿qué tal la Corte Suprema? Unos magistrados en ejercicio, salen a hablar en los medios dizque a nombre propio y no institucional, sobre una investigación en curso de la que supuestamente ya no participan, pero les parece que uno de los indiciados sí tiene mucho qué aclarar. ¿Ustedes entienden?
