sábado 20 de junio de 2020 - 12:00 AM

Cadena perpetua, un paso en la dirección correcta

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Columna de
Victor Castillo

El pasado jueves 18 de junio fue un día histórico para el país por la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Una reforma al artículo 34 de la Constitución Política colombiana, que prohibía expresamente esta sentencia, se logró después de 13 años de una lucha que tuvo como gran abanderada a la senadora Gilma Jiménez, desafortunadamente fallecida por un cáncer en 2013.

Lograrlo no fue sencillo, se presentaron múltiples iniciativas en este sentido, que incluyeron, por ejemplo, un proyecto de referendo que se ahogó en la Corte Constitucional en el 2010. Sin embargo, la persistencia de Yohana Jiménez, hija de Gilma, y el apoyo del Gobierno y la mayoría parlamentaria hicieron posible esta decisión, que requirió de ocho debates en el Congreso por ser reforma constitucional.

No hay crimen más execrable que la violación y asesinato de un niño. Hechos como los perpetrados por Luis Alfredo Garavito o Rafael Uribe Noguera conmovieron al país. Desafortunadamente, cada mes cientos de menores son abusados. Hoy estos psicópatas asesinos deben saber qué les espera y a qué se enfrentan para que lo piensen antes de realizar semejante barbaridad.

Cifras del 2019 reflejan cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre en promedio cada día 29 procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. De acuerdo con Medicina Legal, en el 40 por ciento de los casos los victimarios son personas del núcleo familiar, conocidos o que tienen algún vínculo cercano con el menor de edad.

A pesar del endurecimiento de penas, los padres deben estar vigilantes a las compañías de sus hijos y estar atentos a los síntomas de alerta, como la retracción, para poder actuar de forma oportuna. El daño que ocasiona el abuso a menores es irreparable. Su diagnóstico no es fácil y puede pasar desapercibido durante mucho tiempo, dejando marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más difíciles son de tratar.

Será también tarea de la justicia ser más eficiente para no desalentar a las víctimas a denunciar estos lamentables crímenes. Las estadísticas muestran que más del 80 por ciento de los casos quedan en la impunidad y no pasan de la indagación preliminar.

Además de reforzar este punto, se debe tramitar una ley que no permita la prescripción de los delitos contra los niños. Una sociedad que no proteja a sus menores no tiene futuro. Se debe hacer hasta lo imposible para asegurar su bienestar. En este mismo sentido se deben aumentar las penas y fijar la pérdida de los derechos políticos para aquellos criminales que se roban la comida de los menores a través de negociados en los contratos del PAE, los que los explotan laboralmente, proxenetas y a todo tipo de agresores.

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