Si todo sale según lo planeado, este lunes 13 de febrero el Gobierno radicará finalmente el proyecto de reforma a la salud en el Congreso. El desarrollo de un debate técnico con posiciones argumentadas y la participación activa de todos los actores del sistema serán claves para construir el mejor modelo para el país.
Hay algo claro y es que se requiere de un cambio profundo para mejorar el acceso a la salud y la calidad en la atención. Diferentes ministros de Salud ya han intentado sin éxito tramitar grandes reformas en el pasado, una historia que no puede volver a repetirse.
Considero que el corazón de este proyecto es loable. Según lo expuesto por el mismo presidente Gustavo Petro lo que se busca es acabar con la profunda diferenciación que hay frente al derecho a la salud en las diversas regiones y sectores de la población.
El tema central es cómo se planea dar solución a esta realidad. Para encontrar el camino más indicado, diferentes medios de comunicación, especialistas en el tema, ex ministros y viceministros han hecho públicas muchas preguntas en el marco de un ejercicio de debate que me parece muy importante.
Precisamente para aportar a la discusión del nuevo modelo, desde la la Fundación Cardiovascular de Colombia, junto con la Fundación Valle de Lili, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Cardioinfantil dejamos sobre la mesa una serie de puntos para analizar la reforma una vez se conozca.
Con la transición y modificaciones que tendrán en sus funciones las EPS, como ya se ha anunciado, ¿Quién asumirá la función de aseguramiento? ¿Quién inspeccionará, vigilará y controlará la función del aseguramiento en cabeza de quien quede? Adicionalmente, ¿Quién será el responsable de garantizar la entrega de los medicamentos e insumos a los pacientes en condiciones crónicas, así como de su continuidad, que realiza actualmente el asegurador?
El Gobierno también propone la creación de unos Centros de Atención Primaria (CAP), que servirán como la nueva puerta de acceso al sistema (en lugar de las EPS), y donde se brindarán servicios que no requieran de especialistas. Estos CAP harán parte de redes integradas e integrales de salud en la que participarán hospitales de alta complejidad. En este punto, ¿Cuáles van a ser las condiciones de integración entre los CAP y los hospitales públicos? ¿Cuál será la naturaleza jurídica de los CAP (públicos, privados o mixtos)? ¿Quién realizará la auditoría al prestador privado y al público? ¿Cómo se diseñarán los incentivos a la calidad?
Las respuestas a estas preguntas y a todas las que se han expuesto en diferentes escenarios serán las que permitirán marcar la diferencia. Ojalá que, tras la radicación del proyecto, se mantenga un debate con rigor y altura por el bien del país.
