Recientemente nos hemos enterado de la existencia de 1.200 elefantes blancos. Obras inconclusas, mal presupuestadas, mal diseñadas, con errores estructurales graves, construidas en sitios y suelos inadecuados, y en su mayoría obras no necesarias.
Es claro que el objetivo no era hacer las obras en beneficio de la comunidad menos favorecida, sino robarse la plata sin importar que las obras no se terminaran. El plan era un presupuesto y adjudicación amañada para en muchos casos pagar compra de votos para las alcaldías y gobernaciones. Muchos de los contratistas favorecidos fueron aportantes de las campañas y este mecanismo de contratación se convirtió en la forma de devolver los favores a los mismos.
El objetivo de la elección popular de alcaldes y gobernadores y su lógica democrática era darles el poder a las regiones para que decidieran sobre sus necesidades y futuro, buscando acelerar su desarrollo. Desafortunadamente, esta reforma constitucional se realizó en medio de la peor época de la historia de Colombia, con un narcotráfico floreciente y narcoterrorismo amenazante que manejaba el poder, a punto de imponer su propia constituyente. Así las cosas no podían salir bien, y ha sido un costo social para el país demasiado alto. Este mecanismo de elección convirtió el presupuesto público en botín para los delincuentes, paramilitares y guerrilleros, con todos sus testaferros disfrazados de todos los colores. Un ejemplo, entre otros, es el caso de Santofimio, quien enarbolando el trapo rojo como un agente de la mafia casi fue Presidente.
El botín más importante que se tomaron fueron las regalías, que parecían que no tuvieran dueños. Miles de millones de pesos se perdieron en obras con estos fondos que la poliquería manejó a sus anchas en los últimos 60 años. Desafortunadamente, desaparecieron los controles previos de la Contraloría General de la República, que también se convirtió en otro foco de corrupción.
Esto sucedió, porque con el holocausto de las Cortes por la toma del Palacio de Justicia, orquestada y ejecutada por la alianza diabólica entre la guerrilla del M-19 y el cartel de Medellín, asesinaron la Justicia y después de este nefasto suceso nunca volvió a ser la misma. La majestuosidad, el respeto, honestidad y trasparencia de las Cortes desaparecieron y la Justicia se convirtió en una mercancía transable. El mayor ejemplo es el horror del cartel de las togas, entre otras situaciones.
Por fortuna vemos visos de cambio. La gente ya no tolera más y se está revelando como lo sugiere lo que ocurrió en las últimas elecciones, donde aparecieron en el escenario nuevos actores políticos. Esperamos que no nos defrauden y logremos cambiar el rumbo de nuestro país, donde somos muchos más los buenos que los malos. Colombia se merece un futuro mejor, para lo cual se requiere una reforma importante en el Congreso.
