Ahora el escándalo de turno se da por la confesión de los exmiembros de las FARC, quienes aseguran que esta organización guerrillera fue la que ordenó y ejecutó el vil asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Esta autoincriminación, que se dio después de una declaración de Piedad Córdoba pidiéndoles la verdad, ha sido rechazada por la familia Gómez Hurtado.
Todo lo sucedido genera una gran desconfianza. Si lo hicieron o no, nunca lo sabremos a ciencia cierta porque en la justicia de este país no se puede creer. Es clara la fabricación de pruebas en diferentes casos y evidente que la justicia se aplica en beneficio del mejor postor o que varía enormemente su criterio dependiendo del tribunal.
Muchos conocedores y analistas del tema refieren que la corrupción e inoperancia de la justicia es el mayor problema que tenemos, y así lo confirman los hechos. Es claro que si la justicia no funciona, nada en una sociedad funciona. Si los procesos se compran, como hay evidencias recientes en varios casos conocidos por la opinión pública, es muy difícil que nuestro país salga adelante.
Esta historia de una justicia parcializada se inició premeditadamente en 1985 con el holocausto del Palacio de Justicia, donde fueron inmolados 11 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acción ejecutada por el M19 en una alianza con el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar.
Hoy Colombia cuenta con 122 magistrados en las cinco cortes. La nómina de magistrados, auxiliares y funcionarios de las altas cortes es mucho más grande que la del Congreso de la República. Esto es un despropósito si lo comparamos con el Tribunal Supremo de los EE.UU., compuesto por nueve jueces, conformación que hace que la justicia opere, en contraste con Colombia, donde el porcentaje de impunidad asciende al 92%.
Nuestro problema de la justicia se profundizó con la constitución del 91 que desafortunadamente fracasó en su modelo al crear dos cortes adicionales, introducir la cooptación y darle capacidad de elección cruzada, lo que generó graves problemas de corrupción como la puerta giratoria. Muestra de esta corrupción es la judicialización de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y uno de la Corte Constitucional, algo nunca antes visto en nuestra historia republicana.
Agrava la situación que con el proceso de paz se introdujo la JEP, otra corte más, para procesar a los actores del conflicto armado. Se requerirá del juicio del tiempo para su verdadera evaluación, pero a todas luces, parece más un tribunal de la impunidad que de justicia.
Con todo esto, y ya que las cortes se han convertido en expertas para ordenar actos de perdón, creo que los presidentes de las mismas deberían pedir perdón a los Colombianos por las acciones de algunos de sus magistrados.
