La manifestación más evidente de la polarización en nuestro país sucedió con el plebiscito efectuado para refrendar el proceso de paz durante la presidencia de Juan Manuel Santos. A pesar de que el No se impuso por una ligera mayoría, el Gobierno no tuvo en cuenta el resultado y procedió a ratificar los acuerdos de La Habana.
Hoy lo que Colombia necesita para salir de la encrucijada son verdaderos consensos. Me he referido en este espacio a la urgencia de la reforma a la justicia para arrebatársela a la corrupción y el clientelismo, y a la urgencia de implementar un cambio en el modelo hacia una economía social de mercado, donde más allá de la rentabilidad, las empresas tengan como propósito el desarrollo social y ambiental. Esto acompañado de la responsabilidad del Estado para garantizar salud, pensión y seguro de desempleo, además de la generación de programas de empleo muy fuertes, brindar educación de muy alta calidad y servicios públicos eficientes.
Estos cambios requieren la generosidad de la clase dirigente política y empresarial, así como el compromiso de los dirigentes sindicales y del paro, quienes deben dejar a un lado su arrogancia para tender puentes. En América Latina ya se han visto movimientos de protesta como los que hemos vivido en las últimas semanas: una mayoría pacífica y un pequeño grupo que pone en jaque la seguridad. Tal es el caso de Chile, donde se requirió concertar la convocatoria de una nueva constituyente para aplacar los ánimos. En Colombia, la constituyente del 91, realizada en un ambiente social agitado como el actual, incorporó avances sociales importantes y creó el estado social de derecho.
Es urgente que de este momento histórico queden grandes acuerdos. Las exenciones contempladas en la reforma tributaria del 2019 deberían suspenderse al menos por cinco años para incorporar a las arcas del Estado cerca de 18 billones de pesos anuales. Adicionalmente se deben eliminar todas las gabelas tributarias, retirar los beneficios a los altos funcionarios del Estado, evitar el despilfarro y disminuir salarios oficinales mayores de 20 millones de pesos. De esta forma se generaría un gran ahorro, que sumado al recaudo de 26 billones de pesos, que según la DIAN se generaría por la lucha de todos contra la evasión, representaría la inyección que nuestra economía necesita.
Así las cosas tendríamos suficiente dinero para solucionar los problemas del país y dejar atrás el pasado de corrupción, pobreza, desigualdad social, conflictos y el resto de males que nos aquejan. Si China pudo sacar 800 millones de ciudadanos de la pobreza en tres décadas, y Alemania, Japón y Corea pudieron generar el milagro económico después de la destrucción total por las guerras, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Lo único que necesitamos es un país con un propósito.
