Conectividad rural, un gran reto

Aproximadamente 72 millones de personas que viven en zonas rurales de países latinoamericanos y del Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad. El hallazgo lo mostró la investigación ‘Conectividad rural en América Latina y el Caribe: estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible’, presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Mundial, Bayer, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Microsoft y Syngenta.

Comparados con 2020, cuando unos 77 millones de personas no accedían a conectividad significativa rural, los datos del nuevo reporte indican una mejora del 12% en el acceso a este servicio vital. Sin embargo, luego de analizar 26 países es claro que la brecha de conectividad urbano-rural, mina un inmenso potencial social, económico y productivo en un ámbito estratégico en el que se juega la seguridad alimentaria y nutricional de buena parte del planeta. Actualmente, 79% de la población urbana cuenta con servicios de conectividad significativa mientras que en las poblaciones rurales el porcentaje es del 43,4%.

Como si se tratara de una carrera ciclística, hay tres lotes de países. En el lote de ‘fugados’ están Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay que integran el lote de alta conectividad significativa rural. En el lote persecutor están Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Paraguay y Surinam con un nivel medio de conectividad significativa rural. Y en los rezagados aparecen Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

El denominador común tiene factores como el empleo de los fondos de acceso universal, problemas en nuevas instalaciones debido a la precaria infraestructura eléctrica y de carreteras, elevados costos de inversión y menor costo-efectividad para los operadores.

Una mejora sustancial de la conectividad rural facilitaría el acceso de los productores a las cadenas de comercialización, contribuiría al relevo generacional en la agricultura, empoderaría a las mujeres rurales e impulsaría la bioeconomía. En una próxima columna abordaré lo que deberíamos pensar en políticas públicas sobre este tema, de cara al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que deberíamos construirlo entre todos.