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Víctor Solano
Viernes 26 de enero de 2024 - 12:00 PM

La gestión del riesgo

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Hoy en día, según el Ministerio de Ambiente, 883 de los 1.101 municipios están en riesgo por alguna de las amenazas asociadas al Fenómeno del Niño. De estos, 583 en alerta roja de incendios. En el momento en que escribía esta columna había 21 incendios de magnitud relevante, del Páramo de Berlín ya se habían consumido 180 hectáreas... ¡Qué dolor!

Frente a todos los desafíos que enfrenta Colombia, la gestión del riesgo está en el centro de los reflectores porque resulta esencial para garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Ante el reciente decreto de emergencia nacional, la importancia de la prevención y atención en el ámbito local cobra una relevancia crucial. Los gobiernos municipales, como actores primordiales en este escenario, deben asumir con seriedad la responsabilidad consagrada en la Ley 1523 de 2012.

Esta legislación no solo establece la línea punteada para la gestión del riesgo, sino que también exige la presentación y actualización constante de dos instrumentos vitales: los Planes Municipales Contra Incendios Forestales (PMCIF) y los Planes Municipales de Contingencia ante el Fenómeno del Niño. Estos documentos son hojas de ruta detalladas que deben guiar las acciones locales en situaciones de emergencia.

El artículo 2 de esta Ley señala que la responsabilidad de la gestión del riesgo recae en todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano. Esto significa que los gobiernos locales no solo son actores secundarios en la prevención y atención de desastres, sino líderes fundamentales que deben movilizar recursos y coordinar esfuerzos para salvaguardar a sus comunidades. La ministra de Ambiente reveló que $710.000 millones han sido invertidos por el Gobierno Nacional en labores de alistamiento y atención de las emergencias.

Es en la presentación y actualización de estos planes donde los alcaldes desempeñan un papel crucial. Estos documentos son la llave que desencadena la asignación oportuna de recursos del gobierno nacional en caso de desastre. La falta de presentación y actualización de estos planes no solo pone a las comunidades en riesgo, sino que también obstaculiza la capacidad de respuesta del gobierno nacional.

En este contexto, la gestión del riesgo no es solo una tarea técnica, sino un compromiso ético y social. La transparencia en la presentación y actualización de estos planes no solo cumple con requisitos legales, sino que también refleja un compromiso real con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Vigilemos que nuestros alcaldes estéb cumpliendo con esto.

Por Víctor Solano

@Solano

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