El próximo 20 de diciembre, la Secretaría de Educación de Bucaramanga adjudicará la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se contratará el suministro de alimentos para 33.500 niños, con una inversión de 29.000 millones de pesos. En la puja figuran nueve consorcios, cuyos ganadores tendrán la responsabilidad del PAE durante el 2019 y cuatro meses del 2020. Por la corrupción con el PAE a nivel nacional es urgente que los organismos de control pongan la lupa sobre lo que acontecerá con esta licitación. Y más si se tiene en cuenta que firmas y personas interesadas en el PAE de Bucaramanga son investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que en julio les formuló cargos por, presuntamente, armar un cartel que manipuló las compras en Bogotá durante 10 años, con precios por encima del mercado. A la licitación se presentaron las uniones temporales Servipae y Bucaramanga Social PAE 2019. La primera está conformada por Seryal y Diseral. La segunda, la integran Generación Colombia y Elaboración de Productos Alimenticios de Colombia. En el contundente pliego de cargos de la SIC aparecen Diseral y su representante legal, Javier Ignacio Pulido Solano, que también creó Seryal. Además, figuran Gustavo Enrique Donado Arrazola, Lukas Donado Rangel y Mónica Guasca Caicedo, que han tenido relación con Generación Colombia y Aerodelicias, otra de las firmas investigadas. Aunque estas compañías y personas gozan de la presunción de inocencia y no han sido condenadas, no se puede ignorar la investigación de la SIC. En Bogotá, las autoridades fueron decisivas en el pliego de cargos y desmontaron el cartel. Aquí estamos hablando de la transparencia de algo sagrado: la alimentación de los niños. ¿Qué está ocurriendo en la actual licitación y qué sucedió en los últimos años? ¿Hubo prácticas irregulares? Son preguntas que ameritan una respuesta, pues Diseral ganó el PAE en 2016 y 2018, y Generación Colombia en 2016, 2017 y 2018. La SIC lo decía: “El pliego de cargos proferido contribuye al fortalecimiento de la lucha frontal contra la corrupción, en este caso corrupción privada, la cual atenta gravemente contra los intereses y recursos económicos del Estado”.