Contradice lo comentado la política del gobierno nacional de perseguir la corrupción. Los entes de control deben actuar con urgencia, señalar a los responsables, adelantarles severas investigaciones y sancionarlos ejemplarmente, sean ellos los que sean.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
El informe que presentó la Auditoría General de la República en el Foro sobre el balance del Control Fiscal, desnudó preocupantes hechos y procederes llevados a cabo por los departamentos y municipios del país durante el primer semestre del presente año pues firmaron 367.290 contratos estatales por un monto de $ 27,2 millardos de pesos y el 77% de ellos (más de 282 mil contratos) se hizo usando la figura de la contratación directa por una suma superior a los $ 13,6 millardos de pesos.
Mucho preocupa ello pues su monto es poco más de lo que se recauda con 3 reformas tributarias y el haber usado tan profusamente la figura de la contratación directa sugiere que se utilizó este tipo contractual para evitar la licitación pública, figura que preserva la moralidad administrativa a través de un proceso de selección objetiva que busca el decoro, la transparencia e imparcialidad pues asegura que el contrato se adjudique al proponente que hace la propuesta más favorable, eliminando el favoritismo y vicios tales como el interés o el afecto, reduciendo las posibilidades de colusión o connivencia entre los servidores oficiales y los licitantes.
¿Por qué 28 departamentos y 800 municipios celebraron entre mayo y junio contratos por $ 10 millardos de pesos y en junio aumentaron en un 90% los contratos con fundaciones y asociaciones en todo el país?
Llama a escándalo que el 37% de los contratos suscritos entre mayo y junio sean de prestación de servicios y en ellos se hayan entregado anticipos por $ 646 millones de pesos. ¿Si el anticipo es para que tal dinero se destine al desarrollo del contrato, a qué se dedica cuándo lo contratado son actividades que se supone son intelectuales?
Sobresalta que se esté usando tanto la tercerización, forma de subcontratación que se hace para eludir el principio de selección objetiva del contratista y los convenios interadministrativos con otras entidades estatales para que estas contraten a su vez con terceros la ejecución del objeto inicial y así evitar la licitación pública.
Todo esto se hace con dineros sagrados pues son pagados por concepto de impuestos por los contribuyentes y en Colombia la base de la estructura contributiva son los profesionales y las clases medias, quienes para tributar deben hacer grandes sacrificios.
Lo ocurrido despide pésimo olor, ¿o será normal dar de anticipos 4 millardos de pesos en un semestre?
Contradice lo comentado la política del gobierno nacional de perseguir la corrupción. Los entes de control deben actuar con urgencia, señalar a los responsables, adelantarles severas investigaciones y sancionarlos ejemplarmente, sean ellos los que sean.
