Es cierto que hay sinvergüenzas que creen que pueden hacer fiesta con los dineros del Estado pero no todos los procesos tienen tan torcida razón de ser
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
A raíz del nombramiento de Fernando Carrillo como director de la recién creada Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ente que centralizará la defensa del patrimonio del aparato estatal en los procesos que en su contra se ventilan ante los Jueces, los medios de comunicación y la opinión pública mostraron alarma al enterarse de que en el hipotético caso de perderse todos los procesos adelantados contra la Nación se deben pagar cerca de mil millardos de pesos a los demandantes. Tan escalofriante posibilidad quita el sueño pero, desafortunadamente, la presentación de la noticia y los comentarios que sobre la misma se hicieron mostraron a todos los demandantes como los malos y que en su espíritu hay una deliberada intención de asaltar las arcas del Estado. ¿Es ello verdad?
La visión que se ha dado del problema es incorrecta y deformada por más de una razón. Si, muchos procesos nacen de demandas que contienen pretensiones absurdas, improcedentes e ilegítimas en Derecho como que una abultada cifra dineraria, cercana al 50% de lo que se demanda contra el Estado en todo el país, corresponde a las pretensiones económicas de un solo proceso llevado contra el desaparecido Incora.
Además, muchos procesos se adelantan contra el Ministerio de Defensa como consecuencia de la reparación que las víctimas exigen por el uso abusivo de la fuerza de que fueron objeto en la más variada gama de situaciones, en desarrollo del complicado conflicto interno armado que vivimos hace décadas.
Otro abultado número de procesos es consecuencia del desorden, desatención e inequidades que hay en los servicios de salud que presta el Estado; buena parte de las demandas son consecuencia de las detenciones arbitrarias que llevan a cabo las autoridades y de los abusos que se cometen en las cárceles; impresiona el alto número de procesos contra Invías y el Ministerio del Transporte por accidentes en las carreteras y los problemas derivados de la torpe forma de contratar que llevan a cabo las dependencias públicas.
Sabe el país que el Estado está lleno de agujeros negros e imperfecciones, que en su actividad es ineficaz, que con él las cosas son difíciles y que quienes se sienten lesionados en sus patrimonios por tales procederes, adelantan procesos en su contra.
Es cierto que hay sinvergüenzas que creen que pueden hacer fiesta con los dineros del Estado pero no todos los procesos tienen tan torcida razón de ser. Para eso se creó en buena hora tal Agencia estatal, para que defienda y proteja el patrimonio estatal, pero no todo el que demanda a la Nación es un pillo.
