Traer café, arroz, etc., de contrabando y presentarlo como producido en el campo colombiano para, al venderlo, beneficiarse del subsidio establecido por las autoridades.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
En los últimos meses ha habido a lo largo y ancho del país malestar, movilizaciones y protestas de diversos sectores agrícolas, sobresaliendo los adelantados por los caficultores, los cacaoteros y los arroceros, entre otros. Los motivos aducidos son respetables y saben los estudiosos que mucho de tal inconformidad es efecto de la lesión que sufre la agricultura ante los cambios en la economía y la entrada en vigencia de los tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia.
La administración Santos Calderón optó como política gubernamental, para bajar la temperatura en la difícil coyuntura, el crear subsidios y otras ayudas económicas para cada uno de tales sectores agrícolas; ante ello las protestas bajaron de tono y volvió el país a ese estado que algunos comentaristas de hechos nacionales llaman de tranquilidad.
Pero como toda acción tiene su reacción, poco después de tomada tal decisión gubernativa comenzó a filtrarse por muchos lados el “negocio” que al amparo de tales subsidios comenzaba a hacerse por un cada vez más nutrido grupo de “empresarios”: el traer café, arroz, etc., de contrabando y presentarlo como producido en el campo colombiano para, al venderlo, beneficiarse del subsidio establecido por las autoridades.
El asunto es delicado pues el dinero para tales subsidios sale del bolsillo de todos los colombianos que pagan impuestos y se trata de una sucia forma de defraudar al Estado.
¿Hay herramientas aptas, normas con dientes y autoridades severas que garanticen que a esto se le puede poner un dique? Desafortunadamente no. En el país hay mucha laxitud en tales materias, faltan autoridades enérgicas y no hay normas draconianas que frenen dicha acción delictiva.
Por eso deben prenderse las alarmas. Colombia tiene extensas fronteras vivas con los países limítrofes y miles de kilómetros de costas en los dos océanos; por muchos puntos salen y entran mercancías de contrabando.
Para rematar, así como el Inpec es insuficiente para custodiar el número de presos que hay en nuestras cárceles, las autoridades aduaneras dejan qué desear en su labor de prevención y represión del contrabando.
Por todo lo anterior se deben tener los ojos muy abiertos, controlar que el fisco no sea saqueado y las autoridades más que anunciar pomposamente medidas, tomarlas y que sean efectivas para que ningún avivato no solo se enriquezca ilícitamente sino que desafortunadamente su actuar delictivo quede impune.
