... el país entero exige penas más fuertes y condiciones de reclusión más severas para los condenados por corrupción, iguales por lo menos a las impuestas a cualquier delincuente común.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
El ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, uno de los protagonistas principales del carrusel de contratos en Bogotá, permanece en las instalaciones de la Policía de carabineros con comodidades que ya quisieran tener millones de colombianos.
En circunstancias parecidas se encuentran los miembros de la familia Nulle, involucrados también en tan sonado escándalo, al igual que otros políticos y contratistas envueltos a lo largo y ancho del país en procesos multimillonarios de desfalcos al Estado.
De hecho, cuando no permanecen recluidos en lugares especiales rodeados de beneficios, cumplen sus castigos en la intimidad de sus hogares.
Sobre el tema, no sobra decir que esas prácticas odiosas e injustificables, conocidas por la nación entera desde hace años, han puesto a prueba la capacidad de indignación de la ciudadanía.
Ciudadanía que todavía no logra explicarse el porqué quienes han golpeado a esta sociedad con una fuerza demoledora mediante delitos de corrupción cuyos daños son equiparables únicamente a los del narcotráfico o la guerrilla, reciben tratamiento especial por parte de la justicia.
Y es que las consecuencias de esa justicia de algodón, son mucho más profundas y devastadoras de lo que podría creerse.
Al malestar que se le genera a la sociedad cuando se entera de que quienes deberían afrontar penas incluso más duras que las del resto de delincuentes, ya que defraudaron y se aprovecharon de la confianza de sus electores para enriquecerse a sus expensas, hay que agregarle el pésimo mensaje que se está difundiendo.
Sí. En otras palabras, lo que se le dice a la opinión pública mediante ese tratamiento benévolo y preferencial, es simple y llanamente que el crimen sí paga.
Puesto de manera diferente, la señal que se les envía a los colombianos es que si alguien, luego de cometer un desfalco multimillonario, paga una condena corta en su casa o en el peor de los casos en instalaciones especiales, para luego salir libre a disfrutar su botín, la relación costo beneficio se inclinará hacia la corrupción. Y eso, en los poquísimos casos en que los escándalos culminan en condenas judiciales.
Por esa razón, no sería aventurado afirmar que dicho cálculo lo han realizado innumerables funcionarios durante décadas.
En síntesis, el país entero exige penas más fuertes y condiciones de reclusión más severas para los condenados por corrupción, iguales por lo menos a las impuestas a cualquier delincuente común.
