¿Volvemos al terror?
El pasado miércoles, cuando la noche caía sobre un campamento exploratorio de la empresa minera Continental Gold, en Yarumal, Antioquia, Henry Martínez, Camilo Tirado y Laura Florez, tres jóvenes geólogos, terminaban su jornada. Unos días después regresarían a casa. Sobre la medianoche, mientras todos descansaban, cerca de 15 hombres fuertemente armados ingresaron al campamento, en el que se encontraban 11 personas. Se identificaron como miembros del frente 36 disidente de las Farc, en cabeza de alias ‘Cabuyo’, les reclamaron estar en “territorio de guerra” y los asesinaron. Allí quedaron las vidas de tres talentosos y brillates jóvenes colombianos. Tres personas más resultaron heridas.
El hecho hace temer el regreso a un pasado muy doloroso del país, donde las noticias de muertes inocentes y masacres infames sucedían casi que a diario y donde internarse en trabajos territorio adentro, en campos petroleros o mineros, era vivir bajo el constante riesgo de la muerte o el secuestro.
Este doloroso asesinato deja en evidencia un temor actual y relevante: el rearme de las disidencias de las Farc y el reclamo de territorios a manos de los guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz y que abandonaron las zonas de reincorporación.
Las demoras en los procesos de Justicia y Paz; los incumplimientos de muchos de los puntos de los acuerdos con la guerrilla de las Farc, como la entrega de rutas del narcotráfico; la desaparición del mapa político de líderes de la guerrilla, entre otros factores, hacen temer que quienes conformaban el grupo armado de las Farc que no se acogieron al proceso se estén rearmando, para volver a un camino de guerra, narcotráfico y violencia, la gran tragedia de décadas de los colombianos.
Urgen medidas inmediatas del Gobierno Nacional, que de manera pronta y efectiva frenen el avance de la violencia y que no permitan que se pierda todo lo ganado tras este proceso de paz.
El gobierno Duque debe acelerar los procesos de reinserción, de la mano de una Justicia Especial para la Paz operante, que permita establecer la verdad de los hechos e imponer las sanciones a que haya lugar con los excombatientes. Pero al mismo tiempo, se requiere un Gobierno firme con aquellos que persisten en mantener este país en el miedo, la muerte y la zozobra.