San Andrés, un espejo del país
La semana anterior, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del actual gobernador de San Andrés Islas, Ronald Housni Jaller, y de su antecesora Aury Guerrero Bowie, junto a nueve funcionarios más. La Fiscalía ordenó su captura, por cuanto tiene evidencia suficiente de la adjudicación de contratos cercanos a $120.000 millones, que habrían sido entregados a cambio de coimas del orden de los $11.000 millones. Muchos de estos contratos se habrían entregado a personas que serían aportantes de la campaña política de estos mandatarios para llegar a sus cargos.
Lo sucedido en San Andrés no es más que el espejo de lo que ocurre en la mayoría de departamentos y alcaldías en el país. Los absurdos montos que se invierten en las campañas políticas hacen que estas solo puedan ser financiadas por unos pocos, que “invierten” millonarias sumas, que por supuesto no son reportadas al Consejo Nacional Electoral, pues lo realmente gastado en estas campañas sobrepasa por varios miles de millones los topes legales establecidos. Luego estos “inversionistas” de las campañas buscan recuperar su dinero y lo hacen a través de los contratos que, una vez elegidos, les entrega el mandatario para pagar estos favores políticos.
Y es aquí donde los contratos de único proponente están a la orden del día. Cabe anotar que una licitación de único proponente por sí misma no es indicativo de corrupción, pues existen obras tan específicas que muy pocos están capacitados para realizar. El problema está en cuando se confeccionan los pliegos de licitaciones con requisitos tan específicos (y muchas veces tan abiertamente descarados), que solo el beneficiado puede cumplir, pero no el más idóneo. Por eso, a pesar de las muchas críticas que pueda tener la actual alcaldía de Bucaramanga, sin duda haber logrado la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación pública es un triunfo contra la corrupción.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, este pago de campañas a través de contratos es uno de los mayores problemas de corrupción que afronta nuestro país y mientras no existan sanciones verdaderamente ejemplarizantes en contra de funcionarios y contratistas corruptos, Colombia seguirá ahogada en esta constante de robo, dinero fácil e impunidad. Y Santander no es la excepción.