Mucho se repite, cuando se hacen campañas contra la delincuencia por parte de la Justicia, que el crimen no paga, en un llamado por evitar que los ciudadanos caminen por el sendero de la ilegalidad y que entiendan que ningún beneficio aparente será válido frente a las consecuencias de un delito. Pero en Colombia, muy por el contrario, la misma Justicia parece promocionar a gritos que convertirse en delincuente sí es un buen negocio.
O al menos eso es lo que se concluye, tras conocerse la condena contra el llamado ‘Zar de la alimentación escolar’. Germán Trujillo Escobar aceptó que utilizó los dineros del Plan de Alimentación Escolar en Santander, suscrito en el 2016 por $35 mil millones, para enriquecerse, que falsificó facturas para soportar los sobrecostos del contrato, facturando por ejemplo tamales a $30 mil a una empresa de grúas, y que utilizó el dinero destinado para la comida de los niños en comprar inmuebles y beneficios.
A pesar de haber aceptado su responsabilidad por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, Trujillo solo pagará tres años de cárcel, tiempo que podrá disminuir con trabajo, estudio y buen comportamiento. Durante el proceso, el zar del PAE tuvo el beneficio de detención domiciliaria.
Cabe anotar que Trujillo devolvió $2.283 millones de los $35 mil que le desembolsaron, y fue condenado a pagar una multa de $562 millones. En su contra se adelantan dos procesos penales más por los contratos de la vigencia 2017.
Desde su etapa de licitación, Transparencia por Santander había advertido varios signos de “alarma”, que indicaban que algo no estaba bien con la contratación del PAE en el departamento. Sin embargo, nada pasó.
¿Es esta la sanción proporcional a quien dejó sin alimentación a los más vulnerables del departamento? ¿Quién más participó de este entramado de corrupción? ¿Qué responsabilidad tuvieron los funcionarios de la Gobernación en estos hechos, ya aceptados por el contratista? Cabe aclarar que la exsecretaria de Educación de la administración Tavera, Ana de Dios Tarazona, procesada por estos mismos hechos, recuperó su libertad el pasado mes de enero, por vencimiento de términos.
Mientras los colombianos sigamos siendo testigos de cómo los hechos de corrupción reciben sanciones mínimas y no se persigue el dinero y los bienes obtenidos con lo robado al erario, la corrupción seguirá rampante y cualquier intento de detenerla será en vano. A su vez, que se mantengan beneficios y rebajas a quienes cometen estos delitos muestra el poco interés que existe por frenar este flagelo que se está comiendo el país.
