lunes 02 de noviembre de 2009 - 10:00 AM

Afirmaciones que lesionan

Las diferencias entre el señor Presidente, nominador de la terna para designar al Fiscal General de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia, corporación encargada de hacer la elección de tal funcionario, han llevado las cosas a tal punto que la semana anterior el Primer Mandatario resolvió salir a exponer ante la opinión pública –a través de la televisión y demás medios de comunicación- las razones de su posición y anteayer, en el concejo comunitario llevado a cabo en Ibagué, hizo manifestaciones más emotivas que prudentes sobre este aspecto de la vida nacional.

El problema de fondo está centrado en si el país necesita un Fiscal que sea experto en Derecho Penal, o si alguien que no sea especializado en tal área del Derecho puede desempeñar tal función con lujo de detalles.

Necesario es decir que así la Constitución no exija que los candidatos sean expertos en Derecho Penal, desde el momento mismo en que el Proceso Oral Acusatorio entró en vigencia, las circunstancias exigen que tal cargo sea desempeñado por alguien ducho en tal materia. Y ante ello es de resaltar que en la presentación pública que hace varios meses hicieron los ternados (cuando el ex magistrado Juan Ángel Palacio formaba parte de la terna), expresaron conceptos sobre materias penales que preocupan pues afloró su gran desconocimiento del tema.

Por el perfil del señor Presidente y el enfoque emocional que da al tema, desde un comienzo el asunto dejo ver que entre el Ejecutivo y la cabeza de  la Rama Judicial había un profundo abismo y que los conceptos de uno y otro no solo eran radicales sino que anunciaban que sería imposible tender puentes.

El punto central del problema desafortunadamente ha derivado hacia lo coyuntural, la puja de poderes para establecer quien vence a quien, lo que está lesionando en grado sumo lo más importante que tiene el país, su institucionalidad. Y el daño que a ella se le está causando no tiene dimensión. La consecución del triunfo episódico está golpeando a las instituciones y eso es de suma gravedad.

De allí que el llevar el asunto al terreno de las aseveraciones pasionales, como se pone de presente en la declaración presidencial del sábado pasado, no solo ahuyenta aún más una solución al problema, sino que hiere letalmente el más caro y preciado legado que nos han dejado las generaciones anteriores, las instituciones que a lo largo de 200 años, con dificultades y sacrificios, hemos construido.

Por eso es necesario que este punto no forme parte de la campaña electoral (lo que es en extremo difícil) y que el señor Presidente cuando se refiera a la puja comentada, brille por su prudencia y moderación para que no sea el Primer Magistrado quien pisotee las instituciones que constitucionalmente tiene la obligación de defender.

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