domingo 25 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

Alrededor de la minería ilegal, sigue creciendo la violencia en el Departamento

Las autoridades ambientales, los gobiernos y la Policía no parecen tener la capacidad operativa, de inteligencia o ejecutiva para enfrentar esta dinámica delincuencial que poco a poco, de no contenerse, irá cerrando cercos sobre territorios cada vez más grandes

En los últimos meses en Santander hemos conocido preocupantes hechos de violencia relacionados con actividades de minería ilegal. Por un lado, la masacre doble en Landázuri, en la que primero cayó masacrada una familia de cuatro miembros y luego aparecieron, también asesinados, los cinco presuntos victimarios, en un suceso que, al parecer, está relacionado, según las autoridades, con la extracción de carbón. En otro caso, en el municipio de California, en julio pasado, un trabajador de una mina ilegal murió al enfrentarse cuerpo a cuerpo con unidades del Ejército que intentaban hacer allí un operativo.

Estos son sólo los hechos más recientes en una serie de acontecimientos de diversa índole, que muestran la manera como va aumentando la tensión en el departamento ante el aumento de la actividad minera irregular.

Cada vez se ve con mayor claridad que la acción de personas que deciden irse por los caminos de la ilegalidad para explotar los recursos mineros de Santander, está derivando, no solamente en un grave problema ambiental con consecuencias gigantescas, sino en una escalada de violencia de la que estamos viendo sus primeras expresiones, sin que se haya pronunciado ni la autoridad policial, ni la administrativa departamental, para decirle a la ciudadanía de qué manera se va a actuar a este respecto.

Estamos frente a una problemática en extremo compleja, pues la falta de acción efectiva sobre el fenómeno, va a provocar procesos de arrasamiento de ecosistemas en varias zonas del departamento, pero, al mismo tiempo, se está produciendo un saqueo, en una escala que irá creciendo rápidamente, de los recursos naturales con los que cuenta Santander, sin que la sociedad reciba, a cambio de las grandes afectaciones que causa esta actividad sobre el suelo y el subsuelo, una compensación de ningún orden y, para completar el cuadro, se está permitiendo que se multipliquen las causas de la violencia y que se fortalezcan los grupos que, con armas y sin límite alguno, siembran el terror para sostener su negocio ilegal.

Y así mientras nuestras fuentes hídricas reciben cantidades fatales de elementos tóxicos, como el mercurio, y se teje una red de crimen alrededor de la minería ilegal en el Departamento, las autoridades ambientales, los gobiernos y la Policía no parecen tener la capacidad operativa, de inteligencia o ejecutiva para enfrentar esta dinámica delincuencial que poco a poco, de no contenerse, irá cerrando cercos sobre territorios cada vez más grandes, en los que la comunidad puede quedar cada vez más aislada y ser, al final de cuentas, la principal víctima de la situación.

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