domingo 07 de junio de 2009 - 10:00 AM

Cárceles colosales

La noticia, que debió haber generado un amplio debate nacional ante la magnitud del problema en el ámbito interno, como podía esperarse, no tuvo mayores repercusiones en el país.

La semana pasada, un ciudadano colombiano fue extraditado a los Estados Unidos, no por tráfico de drogas o lavado de activos, que son los delitos más comunes para generar esa medida, sino por otra violación a la ley que hizo carrera y prácticamente se apropió del estado colombiano: Soborno de un empleado público.
 
Sí. Después de eludir a las autoridades del país del norte durante cuatro años, fue capturado en Colombia y enviado a Estados Unidos para que responda ante la justicia, Jasher Guerrero, acusado de darle dinero a un funcionario en Nueva Jersey para que le adjudicara ilegalmente contratos a su empresa.

Ese tipo de trasgresión, que en Colombia se volvió prácticamente una costumbre, tan difundida que ha llegado incluso a no ser mal vista por varios sectores en los que priman los contratistas, es tanto o más perjudicial para esta sociedad que el narcotráfico o la guerrilla.

Es que por culpa de los sobornos, abundan las obras públicas mal hechas, las que se deterioran en semanas o las que simplemente se dejan a medias por incumplimiento de quienes sin tener las facultades técnicas, las capacidades ejecutivas y las condiciones morales, son designados para ejecutarlas.

En otras palabras, son las coimas recibidas por los funcionarios que adjudican los contratos a quienes no deberían recibirlos, las responsables de que la mayoría de las veces las calles, puentes, túneles, carreteras, acueductos, alcantarillados, puertos, casas de interés social, ayudas para los más necesitados y un gigantesco etcétera, o bien no se realicen, se hagan a medias, o se terminen con unos sobrecostos inversamente proporcionales a su calidad.

De vuelta a la extradición de Guerrero por soborno, no se puede finalizar este análisis sin reconocer que en los países desarrollados también existe ese fenómeno de corrupción en innumerables dependencias estatales.

La diferencia es que allá, como nunca sucede acá, existen casos en los cuales la Fiscalía investiga, procesa y lleva a una condena a los implicados, mientras en Colombia lo único que se ha visto es que esa dádiva bautizada como el CVY (Cómo Voy Yo por parte de los empleados estatales) sube todos los años su porcentaje por cuenta de la impunidad.

De hecho, no resultaría aventurado vaticinar que si algún día los organismos fiscalizadores tomaran la decisión irrevocable de perseguir al soborno y producto de esa determinación se procesara a un mínimo de los responsables de ese delito, el problema se le trasladaría al Inpec. Y se le trasladaría al Inpec, porque se vería en la necesidad imperiosa de construir  cárceles colosales con la capacidad para albergar a cientos de miles de personas.

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