domingo 24 de enero de 2021 - 12:00 AM

Cdmb y Gobernación miden fuerzas, mientras la comunidad espera soluciones

La transparencia no debe ser simplemente un objetivo de las administraciones, debe ser también una manera natural de actuar de los gobernantes, pero con enfrentamientos y silencios solo se logra ensombrecer la acción gubernativa.
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Una andanada jurídica de demandas de distinta índole contra el Gobernador de Santander y el inexplicable silencio del mandatario, marcan hoy el tono, evidentemente beligerante, de las relaciones entre el Director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, Juan Carlos Reyes, y Mauricio Aguilar, que más parecen estar en una simple medición de fuerzas personales, que en coordinar y encausar la acción del Estado en el orden departamental y en el área correspondiente a medio ambiente y recursos naturales renovables.

Según el Director de la Cdmb, el gobernador Aguilar arremetió contra su fuero y su autoridad, le negó el ingreso a un consejo directivo, sin tener esa prerrogativa, para, a partir de tal actuación, limitar sus derechos y tomar decisiones a nombre de la Corporación, sin que él, su director, tuviera injerencia en las mismas. Ante esto que Reyes juzga como atropello, el funcionario acudió de inmediato al camino judicial contra el Gobernador, pues le interpuso ante la Procuraduría General una queja disciplinaria por presunta extralimitación de sus atribuciones, usurpación de funciones de competencia de los órganos de Dirección de la Empas, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, o prevaricato activo. Pero, además, el Director de la Cdmb, denunció penalmente a los consejeros de la corporación, incluyendo a José Alfredo Marín y Aida Hernández, delegados del Gobernador, por actos relacionados con estos mismos hechos.

Es indudable que el Director de la Cdmb tiene la potestad de reclamar por las vías legales sus derechos, por supuesto, pero, en lo que atañe al interés ciudadano, a la importancia de la misión y responsabilidades de la Cdmb, y a lo que corresponde al servicio público que deben prestar los funcionarios, nos queda la sensación de que este puede ser más el camino precisamente para empantanar por largo tiempo la acción administrativa de la Corporación y no, como debería ser, resolver la situación y dedicarse a cumplir las tareas propias del cargo de cada uno.

Preocupa de la misma manera y en la misma proporción, no solamente que las actuaciones del gobernador Aguilar hayan sido en efecto arbitrarias, sino que con su silencio esté contribuyendo a lanzar sombras y sumar pugnacidad a la situación. La transparencia no debe ser simplemente un objetivo de las administraciones, debe ser también una manera natural de actuar de los gobernantes, pero con enfrentamientos y silencios solo se logra ensombrecer la acción gubernativa.

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